Las 'pruebas', sólo en los tribunales

Ayer aventuré aquí que la presidenta Claudia Sheinbaum quizá suponga sinceramente que Estados Unidos “no tiene pruebas” contra Rubén Rocha Moya y los demás de Sinaloa porque cree saber que la Fiscalía Federal sólo tiene indicios endebles y falaces (como los que la DEA esgrimió para la injusta y -por fortuna- efímera detención del general Salvador Cienfuegos), o meras insidias carentes de sustento probatorio (documentos, grabaciones, cuentas bancarias…) de sanguinarios y confesos narcotraficantes (como las que un jurado de 12 personas comunes dieron por ciertas para juzgar “culpable” a Genaro García Luna).

De ser el caso, la resistencia a acceder a la solicitud de detención con fines de extradición partiría de una plena convicción y no necesariamente de querer proteger a sus camaradas de Morena (comenzando por el refugiado en Palenque).

El problema es que Sheinbaum no puede saber lo que el gobierno de Donald Trump (ella dice que una “oficina”) tiene contra los requeridos, porque “las pruebas” que viene reclamando sólo pueden exhibirse en los tribunales, primero para el juicio de extradición que no ha comenzado y después en el federal del Distrito Sur de Nueva York.

Pero aun concediendo que la Presidenta “sepa” que EU no tiene “pruebas”, el tratado bilateral de extradición no deja espacio para interpretaciones: la solicitud de captura provisional no supone que las autoridades del país requerido -en este caso México- deban manifestarse de antemano sobre la culpabilidad o inocencia de los reclamados; lo que se activa -como sucedió con Ovidio Guzmán o la suegra que asesinó a su nuera- es un procedimiento jurídico ipso facto derivado de una petición formal.

La ventilación y valoración de “las pruebas” ocurre sólo dentro del juicio correspondiente (de extradición en México, o definitivo en EU).

Por lo mismo, no es desdeñable la denuncia presentada este martes por la Alianza Mexicana de Abogados contra el titular de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, a quien responsabiliza de poner en riesgo las negociaciones que Marcelo Ebrard (su exjefe) encabeza para la revisión y/o renegociación del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Se le acusa de retrasar sin motivo legal válido la solicitud de las capturas y se advierte que las acciones de la Fiscalía General de la República son utilizadas como “un instrumento de escape” para incumplir el Tratado de Extradición.

Más allá de los méritos que tenga o no el documento de la Alianza, lo que está en juego supera el caso Rocha Moya y secuaces, porque lo que exhibe es que el gobierno de Sheinbaum no respeta las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

La controversia adquiere mayor dimensión cuando la relación con EU atraviesa una etapa indignantemente sensible: Trump volvió antier a aplicarle a Sheinbaum otra dosis de desconfianza.

Desde la Cumbre del Grupo de los Siete en Francia, profirió:

“México ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México. La Presidenta es una mujer muy asustada…”.

Carlos Marín

cmarin@milenio.com