Los echan a la calle… y no les pagan

La manifestación de quizá 200 personas que caminarán hoy por algunas calles de la capital será de las menos concurridas pero más justificadas, con la demanda de que el Gobierno federal acate lo que ordena la demencial reforma judicial que impuso el obradorato.

Organizados en el Colectivo Décimo Transitorio, exjuzgadoras y exjuzgadores que concluyeron anticipadamente sus funciones piden sólo que se les respeten sus derechos laborales adquiridos en 20, 30 o más años de carrera judicial.

Ese transitorio reza:

Se respetarán los derechos laborales de las personas trabajadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con las leyes aplicables.

La paradoja indigna: quienes tuvieron la responsabilidad de exigir el cumplimiento de la Constitución, impartir justicia y hacer valer el Estado de derecho, se ven obligados a manifestarse en las calles para pedir exactamente lo mismo y reclaman que el gobierno de la 4t respete la Constitución que él mismo reformó.

Los afectados han recorrido por meses todas las rutas institucionales que les fueron indicadas, presentando solicitudes, entregando documentos, atendiendo requerimientos y esperando respuestas, pero no han recibido una explicación fundada y motivada sobre las razones por las que no se cumple lo dispuesto en la norma constitucional.

Más preocupante es lo de las pensiones complementarias: muchas de esas personas cuentan con resoluciones del extinto Consejo de la Judicatura Federal, quien reconoció expresamente sus derechos y ordenó el pago correspondiente.

La situación adquiere una dimensión aún más delicada porque no hay mecanismos institucionales claros para obtener una tutela efectiva que impida el despojo de lo que les pertenece. La reforma engendró un escenario de incertidumbre respecto de las autoridades competentes para resolver este conflicto y, para colmo, las modificaciones al sistema de control constitucional restringieron las posibilidades de impugnar actos del órgano administrativo que sustituyó al Consejo.

Buscan por ello un acercamiento directo con la Presidencia de la República y el Congreso, no para pedir favores, sino para exigir el cumplimiento de una disposición constitucional aprobada precisamente por esos poderes.

La defensa del Estado de derecho no consiste solamente en exigir que los ciudadanos respeten la ley. Implica también que las autoridades cumplan las obligaciones que ellas mismas incorporan a la Constitución. Su fortaleza se demuestra precisamente en los casos incómodos, cuando quienes reclaman ya no tienen poder político ni capacidad de presión.

El mensaje para la sociedad resulta devastador: que la Carta Magna se convierta en pisapapeles, pero esto sería tanto como admitir que las leyes únicamente obligan a los gobernados y no a los gobernantes.

Cobraría entonces una vigencia tiránica la célebre marranada de López Obrador: “No me vengan con el cuento de que la ley es la ley…”.

Carlos Marín

cmarin@milenio.com