El abogadazo de la gobernadora

Que la gobernadora de Baja California Sur, Marina del Pilar Ávila, pretenda la reposición de la visa que Estados Unidos le canceló hace poco más de un año es por demás explicable, pero no que lo haga con el apoyo de un prominente y carísimo abogado experto en lavado de dinero y delincuencia organizada.

Lo sabemos desde antier por la envidiable revelación periodística de Héctor de Mauleón, quien dio cuenta de una grabación telefónica -reconocida el mismo día como auténtica por la servidora-, en que se detalla lo que, sin éxito, no quería que se supiera.

El audio retrata, por decir lo menos, un comportamiento incompatible con la versión oficialista de que el tema sólo es “administrativo”.

Las causas del Departamento de Estado para cancelar una visa son: que la persona fue arrestada y/o condenada en EU, que la vigencia del permiso haya caducado, o que se le considere una amenaza contra la seguridad nacional y pública.

María del Pilar, escribió De Mauleón, “goza del respaldo de la Presidenta y se empeña en transmitir, a toda costa, confianza y tranquilidad”, pero “en lo oscurito ha buscado acercarse a agencias de inteligencia de EU a través de un grupo de contactos que le han ofrecido reunirse con ella y sus abogados ‘en el consulado americano, en una oficina en Tijuana’, para ayudarla con las sanciones y cargos que el Gobierno estadounidense podría presentar en breve en su contra…”.

En la grabación, la Gobernadora dice que su abogado es Michael Nadler, exfiscal federal del Distrito Sur de Florida que llevó el caso contra un empresario ligado a Nicolás Maduro acusado de lavar al menos 350 millones de dólares defraudados a Venezuela.

De Mauleón contextualiza:

“Nadler logró vencer las trabas impuestas por el chavismo y extraditar a Alex Saab a Estados Unidos. Hace seis años causó revuelo en los medios al anunciar que, luego de encarcelar a los principales delincuentes de Venezuela, renunciaría a su puesto para comenzar a ejercer en privado”.

El exmarido de la Gobernadora, Carlos Torres, era coordinador de Proyectos Estratégicos en el gobierno de su pareja cuando a los dos les fueron canceladas sus visas.

“Para las agencias de seguridad estadounidenses, Torres era el engranaje que permitía a Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa, operar abiertamente en Baja California”, escribió De Mauleón.

En teoría, lo referente a visados puede desahogarse por vías ordinarias y electrónicas. ¿Por qué desplegar una estrategia legal tan sofisticada, costosa y reservada si el problema de ella carece de gravedad?

En la charla se alude al FBI, formalmente ajeno a renovaciones de visas y aclaraciones administrativas con el Departamento de Estado.

Pero lo más llamativo es el perfil del abogado de la Gobernadora, porque Nadler no es gestor migratorio ni un especialista en trámites consulares.

Es demasiado lo que hace la Gobernadora para resolver el embrollo en que se encuentra, por más que insista en tener su conciencia “tranquila…”.

Carlos Marín

cmarin@milenio.com