'Llegaron todas' y de 43 corrieron a 39

En el video que se hizo viral el martes aparece una mujer que no deja de llorar, tan decaída que otra le revisa la presión arterial con un tensiómetro mientras se escucha al fondo:

“Compañeros, se les convocó porque desafortunadamente el órgano de administración, a través de la Defensoría Jurídica, está despidiendo a 43 compañeras y compañeros. En este caso le tocó a Edith, con 23 años de carrera y 55 de edad. ¿Qué va a hacer el día de hoy? Tres hijos, dos en la universidad, uno acaba de terminar, madre soltera…”.

Lo escuchan 15-16 colegas (hombres y mujeres), algunos portando, como él, la camiseta de la selección mexicana de futbol.

“Esta es la parte que no ven los de Administración, el lado humano. Los convoco para darle apoyo a Edith porque, ¿mañana quién sigue? No podemos permitir este tipo de atropellos, es una injusticia lo que acaban de hacer…”.

Y todos corean la estéril consigna: “¡No está sola/ No está sola…”, pero Edith no para de llorar.

Entre el 26 y el 30 de junio fueron echados a la calle 43 trabajadoras y trabajadores sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano auxiliar de Administración Judicial engendrado por la reforma constitucional que dinamitó la separación republicana de poderes.

Los oficios fueron emitidos por la Dirección General de Recursos Humanos y surtieron efectos el último día de junio.

Ese personal ocupaba el puesto de analista especializado, nivel 27-C en el área de Trabajo Social. Estaba distribuido en las 31 Delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública, o sea que se trataba de un cuerpo técnico reducido que formaba parte de los equipos interdisciplinarios del Instituto desempeñando funciones indispensables para la prestación integral del servicio de asesoría jurídica.

Entre sus principales funciones: realizar investigaciones socioeconómicas para determinar la procedencia del servicio cuando existan dudas sobre la situación económica de las personas solicitantes; elaborar dictámenes periciales en materia de trabajo social; realizar estudios sociales e investigaciones de contexto; identificar condiciones de vulnerabilidad; aportar información técnica para fortalecer la estrategia jurídica; brindar acompañamiento institucional y canalizar a los necesitados hacia programas y servicios públicos.

Los despidos afectan a mujeres víctimas de violencia; niñas, niños y adolescentes; viejitas y viejitos; personas con discapacidad; pueblos y comunidades indígenas; migrantes; encarcelados y víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Su intervención permitía documentar condiciones de vulnerabilidad, contexto social y necesidades de protección para una adecuada estrategia jurídica.

La medida impacta negativamente la prestación de una justicia profesional, independiente y de calidad, y pasa por encima de los derechos laborales del Poder Judicial de la Federación.

En la administración en que según la presidenta Sheinbaum “llegamos todas”, de los 43 corridos 39 son mujeres…

Carlos Marín

cmarin@milenio.com