Un pájaro de cuenta el contralor del INE

Al comparecer el viernes ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el contralor del Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Carvente Contreras, admitió que desde mayo de 2025 sabía del cochinero que ha sumido en el descrédito a una de las instituciones del Estado más respetadas por la sociedad pero, al igual que la presidenta Sheinbaum, culpó a las administraciones anteriores de la entrega de contratos chuecos a empresas ligadas al exnovio y proveedor consentido de Guadalupe Taddei, Alfredo Hernández Casillas.

Lo que no dijo el bribón es que jamás -desde 1990 y contados los titulares de Gobernación del PRI que encabezaron el Instituto Federal que hoy es el INE- alguna consejera o consejero había sido señalado y menos acusado por actos de corrupción: Fernando Gutiérrez Barrios (1990–1992), José Patrocinio González Blanco (1993–1994), Jorge Carpizo (1994), Esteban Moctezuma (1995), Emilio Chuayffet (1995–1996), José Woldenberg (1996–2003), Luis Carlos Ugalde (2003–2007), Andrés Albo Márquez (interino 2007–2008), Leonardo Valdés (2008–2014) y Lorenzo Córdova (2014–2023).

Tampoco dijo que su predecesor en el cargo, Jesús George Zamora -hoy consejero jurídico de la Gobernadora del Edomex- es quien promovió la riesgosa idea de poner fin al convenio de adquisiciones de todos los materiales y boletas electorales con los Talleres Gráficos de México (antes de la Nación), organismo público descentralizado, fundado en 1883).

Los contralores del INE no son “representantes ciudadanos”. Los designa la Cámara de Diputados (avasallada por el oficialismo).

En 2018 fue rechazada la privatizadora insistencia de George Zamora, pero en 2020 se abrió la puerta a las empresas particulares y la compra de materiales para las elecciones de 2021 cuando se incorporaron los consejeros Carla Humphrey, Martín Faz, Uuc-Kib Espadas y Norma de la Cruz (ésta alineada con la 4T).

Titireteado por el oficialismo en el Congreso, Víctor Hugo Carvente Contreras es quien inició un ruin “procedimiento de responsabilidad administrativa” contra los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz Saldaña, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala por haber votado (seis a cinco) que, como el presupuesto del INE no alcanzaba para organizar como se debía la elección de 2021 y la revocación de mandato, el problema lo resolvieran el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia, quienes ordenaron que se celebrara la revocación con los recursos de que se dispusiera.

El INE acató pero sólo pudo instalar menos de la mitad de las casillas para la revocación.

De los seis señalados (hasta con denuncia penal ante la Fiscalía General de la República del diputado Sergio Gutiérrez Luna, pareja de “dato protegido”), el fin de gestión de tres dejó sólo a Rivera, Ravel y Zavala en el litigio que los mantiene hasta la fecha sin liquidación de sus derechos laborales…

Carlos Marín

cmarin@milenio.com