Síndrome de Santa Anna en el plan B

A propósito del plan B que la presidenta Sheinbaum envió al Senado, el doctor en Derecho Emilio Rabasa Gamboa me hizo ver anoche, en El asalto… de Milenio tv, que la centralización del poder característica del obradorato atenta contra el carácter federalista de la República.

En el artículo 40 de la Constitución, el Estado mexicano se define representativo, democrático, laico y federal, integrado por “estados libres y soberanos” en todo lo concerniente a su régimen interior. Esta fórmula histórica nació como reacción contra el viejo centralismo que tantas fracturas provocó en el siglo XIX, pero en la propuesta presidencial se advierte que tal definición comienza a ser un recuerdo.

Las medidas anunciadas incluyen disposiciones que afectan directamente a los congresos locales, a los cabildos municipales y a las estructuras electorales de las entidades federativas, lo que significa una clara intromisión.

Es obvia la paradoja: mientras la Constitución habla de “estados libres y soberanos”, el proyecto parece asumir que las entidades de la República son simples extensiones administrativas del poder central, susceptibles de ser reorganizadas desde la Presidencia.

Con todos sus defectos, el federalismo mexicano supone que los estados conservan facultades propias y que su organización política no puede decidirse desde el poder federal.

Si el Congreso de la Unión empieza a rediseñar la composición de cabildos, congresos locales o autoridades electorales estatales, el país deja de ser una federación y comienza a parecerse a otra cosa tan deplorable como conocida en la historia mexicana: Rabasa recuerda que el centralismo ya tuvo su ensayo en el siglo XIX bajo el dictador Antonio López de Santa Anna, con sus llamadas Siete Leyes de 1836.

Aquella reforma eliminó el federalismo, convirtió a los estados en departamentos subordinados al poder central y concentró las decisiones políticas en el Poder Ejecutivo.

El resultado fue desastroso: rebeliones internas, fracturas territoriales y una profunda crisis política que terminaría marcando una de las etapas más convulsas del país.

Por eso sorprende que casi 200 años después resurja una lógica semejante bajo la coartada de la dichosa “austeridad republicana”.

Reducir cabildos, rediseñar congresos locales o intervenir en los órganos electorales estatales proyecta la procaz tentación centralista.

El problema es jurídico y conceptual.

Si el Gobierno federal decide cómo deben organizarse las instituciones políticas de las entidades federativas, el cacareado pacto federal deja de ser pacto y se convierte en subordinación y, en ese caso, convendría que la 4t tuviera la franqueza de admitirlo.

Porque si en los hechos México deja de ser una federación de entidades libres y soberanas, quizá llegó el momento de reescribir la Constitución para que deje de fingir lo que se supone que México es, y admitir que el centralismo de Santa Anna es fuente de inspiración en Palacio...

Carlos Marín

cmarin@milenio.com