Lo que incendió el caso de los 43

Con palabras de García Márquez, “el viento de la desgracia” sobre la investigación del caso Iguala comenzó a soplar con la insidiosa negativa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de que en el basurero de Cocula fueron quemados algunos o todos los cuerpos de los estudiantes asesinados.

Ayer afirmé aquí que “buena parte” de lo hecho por la fiscalía especial en ocho años de 4T es el deficiente y vergonzante seguimiento y cumplimiento de la Recomendación que la CNDH emitió en noviembre de 2018, y apunté que la negación del fuego partió de un fraudulento “peritaje”.

Lo realizó el “especialista” peruano José Luis Torero, impuesto por el GIEI, cuyo “trabajo” fue asomarse a la hondonada usada como muladar, caminar por su perímetro, observar el fondo por 10 o 15 minutos y redactar un falsario “dictamen” que contradijo los estudios periciales de la PGR, la UNAM y el Instituto Mexicano del Petróleo.

En ello se basó la patraña que el GIEI les hizo creer a los padres de los 43 y a sus representantes para rechazar “la verdad histórica”, asegurar que lo cometido fue un “crimen de Estado” perpetrado por el Ejército, y a partir de entonces, 12 de julio de 2015, se pudrió para siempre la posibilidad de esclarecer lo sucedido.

Que ardió una gran fogata en el basurero y en ella se quemaron cuerpos humanos lo comprobaron también prestigiados referentes mundiales en investigaciones de incendios y explosiones de la Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego estadunidense: Frederick Mowrer, James Quintiere y John DeHaan, así como los mexicanos Mario Ricardo Saldaña Nolasco y Ricardo Damián Torres, quienes estuvieron casi dos horas en el sitio, cavaron pozos de sondeo, realizaron mediciones y concluyeron que allí fueron quemados cuerpos, pese a lo cual los del GIEI y los manipuladores de los deudos tampoco quisieron reconocer.

Lo más extraordinario es que todos los peritajes (con excepción del balín de Torero) fueron corroborados y hasta superados por la dictaminación que lograron, entre otros, los doctores avezados José David Daniel Trejo Sinecio, Lilia Escorcia Hernández y Antonio Cholley Nakahodo Rivera, contratados para integrar el Grupo Multidisciplinario de Especialistas que la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH creó exprofeso para estudiar el muladar y diseccionar todas las dictaminaciones.

Su encomienda quedó argumentada en un magistral relato: Apartado 19 “Escenario del Vertedero de Cocula” de la Recomendación, que honra la calidad técnico-científico-jurídica y de investigación de los expertos mexicanos.

La de la CNDH pre-AMLO fue una investigación que nada tiene que envidiar a las de cualquier extranjero, incluidos el GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense o la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

Nunca hizo falta, y menos Torero, alguno de los demás, y esto lo demostró con holgura la Recomendación que el obradorato viene aprovechando sólo en lo que le conviene…

Carlos Marín

cmarin@milenio.com