¿Inteligencia o vigilancia?

A través de la aprobación de 16 reformas aprobadas en materia de seguridad y telecomunicaciones en nueve días sin mayor debate y análisis en un período extraordinario legislativo, México empieza su transitar por un terreno peligroso. Bajo el argumento de combatir la inseguridad y buscar personas desaparecidas, el gobierno ha impulsado la CURP biométrica, la Plataforma Nacional de Identidad y la geolocalización en tiempo real de celulares.

Aunque presentadas como avances tecnológicos para proteger a la población, estas medidas despiertan fuertes críticas por su potencial para consolidar un sistema de vigilancia masiva. Organizaciones de derechos humanos, especialistas en privacidad y ciudadanía alertan: más que herramientas de seguridad, estas reformas colocan al Estado en posición de vigilar cada paso de la población.

La CURP biométrica, que incluye huellas, fotografías e iris, busca prevenir suplantaciones y agilizar trámites. Pero su carácter obligatorio y la concentración de datos en la Secretaría de Gobernación generan serias preocupaciones. A diferencia de una contraseña, los datos biométricos no se pueden cambiar: si se filtran, como ha ocurrido antes en México, millones quedarían expuestos a suplantaciones, discriminación o exclusión.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierte que esta base de datos, conectada con servicios públicos y privados, podría usarse para vigilar cada interacción ciudadana. La Plataforma Nacional de Identidad agrava el problema: enlaza la CURP biométrica con datos bancarios, médicos, de transporte y telecomunicaciones, permitiendo al Estado trazar con precisión patrones de conducta, desde rutas cotidianas hasta visitas médicas o participación en eventos políticos.

Las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley de la Guardia Nacional, aprobadas con rapidez y sin debate público, añaden opacidad. Artículo 19 advierte que la falta de controles judiciales claros deja la puerta abierta a accesos arbitrarios a información sensible. En un país con un historial de espionaje a periodistas y activistas, este escenario es alarmante.

La geolocalización en tiempo real es la pieza final del rompecabezas. Autoridades como la Guardia Nacional o el Centro Nacional de Inteligencia pueden rastrear la ubicación exacta de un celular sin que quede claro si siempre se necesita una orden judicial. La redacción ambigua de la ley permite interpretaciones que podrían justificar vigilancias sin supervisión efectiva.

Integrar estos sistemas -CURP biométrica, Plataforma Nacional de Identidad y geolocalización- da al Estado una capacidad sin precedentes para seguir a cualquier persona. En manos equivocadas o sin garantías legales sólidas, este poder puede derivar en un modelo de control social y político.

La pregunta es clara: ¿queremos vivir en un país donde cada movimiento sea monitoreado por un ojo que no parpadea?

Por motivos vacacionales estaré fuera y regresaré el próximo 29 de julio.