La verdad debilitada

En los últimos años, la estrategia de comunicación de muchos gobiernos ha transitado de informar a administrar la realidad. No se trata solo de errores, sino de narrativas construidas para orientar la percepción pública, aun cuando los hechos disponibles las contradicen. Dos ejemplos recientes -la alerta europea sobre campañas de desinformación con inteligencia artificial y los enfrentamientos mortales en Minneapolis- muestran cómo la mentira, o su normalización, se ha convertido en un componente estructural de la acción gubernamental.

En Europa, la advertencia publicada por The Guardian señala que actores extranjeros, con Rusia como protagonista, están difundiendo videos falsos generados por IA para debilitar el apoyo a Ucrania y sembrar divisiones internas. La novedad no es sólo tecnológica, sino estratégica: la desinformación ya no busca únicamente ganar una discusión política, sino erosionar la confianza social, un activo económico y democrático clave. La OCDE y múltiples estudios coinciden en que cuando la confianza institucional cae, aumentan la incertidumbre, se retrasan inversiones y se debilita la capacidad de los gobiernos para implementar políticas públicas eficaces. La mentira, en este contexto, no es un problema moral: es un riesgo sistémico.

En Minneapolis, el patrón es distinto, pero el efecto es el mismo. Tras la muerte de Alex Pretti durante un operativo de inmigración, las autoridades federales afirmaron que los agentes dispararon en defensa propia. Sin embargo, análisis independientes indicaron que la víctima sostenía un teléfono, no un arma. Las versiones cambiantes, la divulgación parcial de pruebas y los conflictos entre niveles de gobierno por el control de la investigación alimentaron la percepción de que la narrativa oficial no buscaba esclarecer, sino contener el daño político.

Este tipo de secuencias -afirmación segura, corrección tardía, evidencia fragmentada- tiene un efecto corrosivo. Como advirtió la filósofa Hannah Arendt tras los Papeles del Pentágono, el mayor peligro de la mentira organizada no es que la gente crea lo falso, sino que deje de creer en todo. Cuando los hechos se presentan como un recurso táctico, el ciudadano pierde su capacidad de orientarse en la realidad y, con ello, su capacidad de juzgar y participar.

La paradoja es clara: los gobiernos justifican estas prácticas como mecanismos para preservar el orden, la seguridad o la estabilidad política. Pero al hacerlo, socavan la base misma que hace posible gobernar: la legitimidad. Sin una realidad compartida mínima, el desacuerdo democrático se convierte en sospecha permanente y la política en un espectáculo de versiones enfrentadas.

La expansión de la inteligencia artificial ha amplificado este fenómeno. Los deepfakes, los audios manipulados y las campañas coordinadas reducen el costo de producir mentiras verosímiles y multiplican su alcance. En este entorno, la línea entre información, propaganda y simulación se vuelve cada vez más difusa. El resultado no es sólo polarización, sino parálisis: ciudadanos que desconfían de todo y, por lo tanto, se retraen de la acción pública.

La verdad, en este escenario, debe entenderse como un bien público. No es un lujo democrático, sino una infraestructura invisible que sostiene la cooperación social, la inversión y la gobernabilidad. Cuando los gobiernos la tratan como una variable estratégica más, el daño no se limita a un escándalo o a una crisis mediática. Afecta la capacidad de una sociedad para tomar decisiones colectivas basadas en hechos, no en percepciones fabricadas.

La pregunta de fondo no es si los gobiernos mienten -la historia muestra que siempre lo han hecho-, sino qué ocurre cuando la mentira deja de ser la excepción y se convierte en método. En ese punto, el costo no es sólo político. Es institucional, económico y, en última instancia, democrático.