Confianza con reservas

En México, la confianza en el gobierno ha dejado de ser solo una percepción para convertirse en un indicador medible, comparable y, sobre todo, revelador.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública obligan a una lectura más profunda y menos superficial: sí hay avances en los niveles de confianza, pero estos aún no logran consolidarse de manera uniforme ni suficiente en todo el aparato público.

El dato inicial es relevante y no debe minimizarse. Hoy, 56.3% de la población declara tener confianza alta o moderada en las personas servidoras públicas federales, lo que refleja una base de legitimidad institucional que no es menor en el contexto actual, incluso a nivel internacional.

Sin embargo, el problema no está en el promedio, sino en lo que ocurre cuando se descompone ese dato. La confianza no es homogénea ni sistémica: 53% de los mexicanos confía en el gobierno federal, pero ese nivel cae a 47.7% en el ámbito estatal y a 47% en el municipal, lo que evidencia una tendencia clara y preocupante: la confianza disminuye conforme el gobierno se acerca a la vida cotidiana del ciudadano.

Y es precisamente en ese espacio -en lo cotidiano- donde se define la fortaleza o debilidad del Estado. Porque la confianza no se construye en abstracto ni en el discurso público, sino en la experiencia diaria: en un trámite, en la atención de un servicio, en la interacción con una autoridad. Por eso, el segundo gran dato de la encuesta es quizás el más contundente: 84.9% de la población considera probable que un servidor público incurra en actos de corrupción. Este porcentaje no solo refleja una percepción negativa, sino una desconfianza estructural que limita cualquier avance en la consolidación institucional.

El contraste es evidente y define el momento actual del país. Por un lado, existe una base de confianza que permite la operación del gobierno; por el otro, persiste una percepción generalizada de corrupción que impide que esa confianza se profundice. La diferencia también es clara entre instituciones: mientras las Fuerzas Armadas alcanzan niveles de confianza cercanos a 75%, el Congreso apenas ronda 41%, lo que confirma que la confianza en México no es generalizada, sino selectiva y diferenciada.

La conclusión es tan clara como incómoda: México no enfrenta una crisis total de confianza, sino una confianza incompleta. Una confianza que es suficiente para sostener la gobernabilidad, pero insuficiente para impulsar transformaciones de fondo. Una confianza que depende menos del discurso y más de la experiencia concreta de las personas.

Porque, al final, la confianza no se decreta ni se comunica: se construye -o se pierde- en cada interacción entre el gobierno y la ciudadanía. Y hoy, los datos del Inegi nos dicen algo que no se puede ignorar: el país confía, sí… pero todavía no cree del todo.