¿Reformas democráticas?

Toda democracia tiene derecho a proteger su soberanía, fortalecer sus instituciones y garantizar elecciones libres, auténticas y legítimas. Ese principio es correcto y forma parte de la responsabilidad de cualquier gobierno democrático. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido las recientes reformas electorales como instrumentos para proteger la democracia mexicana de influencias indebidas y fortalecer la vida institucional del país.

Sin embargo, la experiencia histórica de México demuestra que las reformas que más contribuyeron a la estabilidad democrática no fueron las impulsadas exclusivamente por una mayoría política, sino aquellas construidas mediante acuerdos amplios entre fuerzas políticas con visiones distintas.

La reforma política de 1977 permitió ampliar la representación y abrir espacios a la pluralidad. Las reformas de 1990, 1994 y 1996 fortalecieron la autonomía de las autoridades electorales y generaron condiciones de competencia más equitativas. Gracias a esos acuerdos fue posible construir la confianza necesaria para la alternancia democrática del año 2000. Más adelante, la reforma político-electoral de 2014, resultado del consenso entre las principales fuerzas políticas nacionales, fortaleció al Instituto Nacional Electoral y homologó reglas electorales en todo el país.

Esos antecedentes muestran que los mayores avances democráticos de México surgieron cuando el diálogo prevaleció sobre la lógica de la imposición.

Por ello, las principales críticas a las reformas recientes no se enfocan en el objetivo de proteger la democracia o la soberanía nacional, sino en la forma en que se están modificando las reglas del sistema político. Diversos especialistas, organizaciones civiles y actores políticos han expresado preocupación por la posibilidad de que algunas disposiciones puedan dar lugar a interpretaciones discrecionales, particularmente en temas relacionados con la eventual anulación de elecciones por presunta injerencia extranjera. También cuestionan la ausencia de consensos amplios para aprobar cambios que afectan aspectos fundamentales del sistema democrático.

La preocupación de fondo es sencilla: cuando una mayoría modifica las reglas sin incorporar suficientemente las inquietudes de quienes piensan distinto, existe el riesgo de que una reforma de Estado sea percibida como una reforma de partido.

La prueba de oro de cualquier reforma democrática es simple pero poderosa: ¿las nuevas reglas seguirían pareciendo justas si mañana gobernara un partido diferente?

Las instituciones más sólidas son aquellas que generan confianza tanto entre quienes ganan como entre quienes pierden una elección. Son las que garantizan que las reglas serán aplicadas de manera imparcial, independientemente de quién ocupe el poder.

México ha demostrado en distintos momentos de su historia que sabe construir acuerdos cuando el interés nacional se coloca por encima de las diferencias políticas. La pluralidad, la autonomía electoral y la alternancia democrática nacieron de esa capacidad de diálogo.

La discusión actual ofrece una oportunidad para recuperar ese espíritu. Porque la fortaleza de una democracia no se mide por la capacidad de una mayoría para cambiar las reglas, sino por su capacidad para construir confianza alrededor de ellas. Y esa confianza sigue siendo el activo más valioso de cualquier democracia.