Inteligencia artificial: primero los derechos, después la burocracia

La inteligencia artificial avanza mucho más rápido que las instituciones encargadas de regularla. México comienza a reaccionar, pero tiene una oportunidad: aprender de los errores de otros países antes de construir su propio modelo.

El recién publicado Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable 2026 ofrece un diagnóstico preocupante. México obtiene 27.95 puntos y ocupa el lugar 81 entre 135 países evaluados. Estamos por debajo tanto del promedio regional como del de países con ingresos similares al nuestro. Nuestra principal debilidad está precisamente en las políticas públicas para gobernar esta tecnología.

Pero el hallazgo internacional más relevante es otro: tener reglas no significa hacerlas funcionar. Entre los países que cuentan con marcos activos de gobernanza de inteligencia artificial, sólo en 55% existe evidencia de implementación. En el llamado Sur Global, la proporción baja a 45%.

La advertencia para México es clara: podemos aprobar leyes sofisticadas, crear organismos y publicar estrategias y, aun así, dejar desprotegidos a los ciudadanos.

El debate ya llegó al Congreso. Existen diversas iniciativas. Una propone una ley federal acompañada de un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial, una Plataforma Nacional de Auditoría Algorítmica y un sistema para clasificar riesgos. Otra plantea algo quizá más trascendente: reconocer derechos frente a los algoritmos, incluyendo transparencia, información comprensible sobre decisiones automatizadas, no discriminación y revisión humana. La Cámara de Diputados creó también recientemente una Comisión Especial en materia de Inteligencia Artificial.

Es positivo que México comience esta discusión. El error sería preguntarnos primero qué institución debemos crear, en lugar de qué derechos debemos proteger.

Una regulación eficaz debería permitir que cualquier persona sepa cuándo una inteligencia artificial interviene en una decisión pública que la afecta, conozca de manera comprensible los criterios relevantes utilizados y pueda solicitar que una persona revise esa decisión. Los sistemas considerados de alto riesgo deberían someterse a auditorías capaces de detectar errores, sesgos o discriminación. Y, sobre todo, debe quedar perfectamente establecido quién responde cuando un sistema automatizado causa injustificadamente un daño. Un algoritmo no puede convertirse en la nueva versión de “el sistema tuvo la culpa”.

Tampoco toda inteligencia artificial debe regularse igual. Un programa que recomienda música no representa el mismo riesgo que uno utilizado para identificar sospechosos, diagnosticar enfermedades, seleccionar beneficiarios de programas públicos o evaluar contribuyentes. La regulación debe ser proporcional al riesgo.

Las iniciativas mexicanas contienen avances importantes. Sin embargo, el nuevo índice internacional recuerda que la diferencia entre una buena regulación y una buena intención está en su aplicación.

México necesita regulación, pero también innovación. Son compatibles.

Antes de crear consejos, plataformas y nuevas estructuras burocráticas deberíamos responder una pregunta fundamental: ¿qué puede hacer un ciudadano cuando una inteligencia artificial toma una decisión equivocada que afecta su vida?

Si nuestra legislación responde claramente esa pregunta, estaremos regulando la inteligencia artificial. Si sólo sabemos qué nuevo organismo crear, estaremos regulando la burocracia.