La verdad también obliga al poder

Artículo de opinión

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó finalmente los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias y corrigió algunos de los aspectos más cuestionados durante la consulta pública.

Es una buena decisión.

La propuesta original pretendía impedir que los medios difundieran información “falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual”. El problema era evidente: alguien tendría que decidir qué es falso, cuánto contexto es suficiente y, eventualmente, sancionar.

La disposición fue eliminada y la CRT asegura que no calificará contenidos periodísticos ni determinará si una noticia es verdadera o falsa. Se evitó un riesgo innecesario para la libertad de expresión.

Pero permanece una discusión de fondo: ¿por qué exigir mayores estándares de veracidad, precisión y responsabilidad a los medios sin establecer obligaciones equivalentes para quienes generan buena parte de la información pública?

El gobierno informa todos los días mediante conferencias, comunicados, estadísticas, informes, redes sociales y campañas financiadas con recursos públicos. Esa información influye directamente en cómo los ciudadanos evaluamos la economía, la seguridad, la salud y el desempeño de nuestros gobernantes.

Y existe una diferencia fundamental: muchas veces el propio gobierno produce los datos, decide cuáles divulgar y escoge cómo presentarlos.

No necesita mentir para construir una percepción equivocada.

Puede comparar contra el periodo que más le conviene, destacar una cifra favorable y omitir otra que modifica su interpretación. Puede presentar resultados sin metodología suficiente o anunciar miles de detenciones sin informar cuántos detenidos fueron procesados, sentenciados o liberados.

La verdad incompleta también puede desinformar.

Los nuevos lineamientos establecen códigos de ética, defensores de las audiencias y mecanismos para atender quejas en los medios regulados. Es correcto.

Pero necesitamos dar el siguiente paso: convertir los derechos de las audiencias en verdaderos derechos ciudadanos frente a la información pública.

Si una autoridad publica cifras, debería transparentar fuente, metodología y contexto. Si proporciona información incorrecta, debería corregirla con una visibilidad semejante. Y cuando una comunicación institucional mezcla información pública con posicionamiento político, debería quedar claramente diferenciada.

Esto no significa convertir a ninguna autoridad en árbitro de la verdad. Precisamente lo contrario: significa establecer reglas de transparencia que también obliguen a quien ejerce el poder.

La CRT hizo bien en retirar disposiciones que podían afectar la libertad editorial.

Ahora corresponde aplicar un principio igualmente importante: si exigimos a los medios veracidad, precisión y contexto, debemos exigir al gobierno exactamente lo mismo.

Porque el derecho a estar bien informado no depende de quién tenga el micrófono. Depende de que nadie utilice sólo una parte de la verdad para construir toda la realidad.