La verdad también obliga al poder
"La verdad también obliga al poder", escribe Marco A. Paz Pellat en #ElPoderdelasIdeas
Artículo de opinión
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó finalmente los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias y corrigió algunos de los aspectos más cuestionados durante la consulta pública.
Es una buena decisión.
La propuesta original pretendía impedir que los medios difundieran información “falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual”. El problema era evidente: alguien tendría que decidir qué es falso, cuánto contexto es suficiente y, eventualmente, sancionar.
La disposición fue eliminada y la CRT asegura que no calificará contenidos periodísticos ni determinará si una noticia es verdadera o falsa. Se evitó un riesgo innecesario para la libertad de expresión.
Pero permanece una discusión de fondo: ¿por qué exigir mayores estándares de veracidad, precisión y responsabilidad a los medios sin establecer obligaciones equivalentes para quienes generan buena parte de la información pública?
El gobierno informa todos los días mediante conferencias, comunicados, estadísticas, informes, redes sociales y campañas financiadas con recursos públicos. Esa información influye directamente en cómo los ciudadanos evaluamos la economía, la seguridad, la salud y el desempeño de nuestros gobernantes.
Y existe una diferencia fundamental: muchas veces el propio gobierno produce los datos, decide cuáles divulgar y escoge cómo presentarlos.
No necesita mentir para construir una percepción equivocada.
Puede comparar contra el periodo que más le conviene, destacar una cifra favorable y omitir otra que modifica su interpretación. Puede presentar resultados sin metodología suficiente o anunciar miles de detenciones sin informar cuántos detenidos fueron procesados, sentenciados o liberados.
La verdad incompleta también puede desinformar.
Los nuevos lineamientos establecen códigos de ética, defensores de las audiencias y mecanismos para atender quejas en los medios regulados. Es correcto.
Pero necesitamos dar el siguiente paso: convertir los derechos de las audiencias en verdaderos derechos ciudadanos frente a la información pública.
Si una autoridad publica cifras, debería transparentar fuente, metodología y contexto. Si proporciona información incorrecta, debería corregirla con una visibilidad semejante. Y cuando una comunicación institucional mezcla información pública con posicionamiento político, debería quedar claramente diferenciada.
Esto no significa convertir a ninguna autoridad en árbitro de la verdad. Precisamente lo contrario: significa establecer reglas de transparencia que también obliguen a quien ejerce el poder.
La CRT hizo bien en retirar disposiciones que podían afectar la libertad editorial.
Ahora corresponde aplicar un principio igualmente importante: si exigimos a los medios veracidad, precisión y contexto, debemos exigir al gobierno exactamente lo mismo.
Porque el derecho a estar bien informado no depende de quién tenga el micrófono. Depende de que nadie utilice sólo una parte de la verdad para construir toda la realidad.
