Operaciones en la sombra

México vuelve a colocarse en el centro de una disputa estratégica internacional que avanza sin el debate público necesario. En 2025, dos procesos simultáneos exponen la magnitud del reto: el incremento de operaciones de espionaje ruso documentado por The New York Times, y la intensificación de actividades encubiertas y de vigilancia de Estados Unidos sobre territorio mexicano, respaldadas por investigaciones realizadas entre 2023 y 2025.

Ambos fenómenos evidencian la fragilidad de las capacidades mexicanas para

detectar, regular y responder a amenazas de inteligencia que ya no son hipotéticas, sino activas.

De acuerdo con el NYT, Rusia ha ampliado discretamente su presencia operativa en México mediante espías acreditados como diplomáticos, reuniones encubiertas en centros turísticos y campañas de desinformación dirigidas a audiencias mexicanas. Washington incluso entregó al gobierno mexicano una lista de agentes rusos activos, sin lograr su expulsión. En paralelo, Estados Unidos realiza vuelos espía, usa software de vigilancia desde territorio nacional y ejecuta operaciones encubiertas de la CIA, ahora respaldadas por su Estrategia de Seguridad Nacional, que considera a los cárteles mexicanos amenazas estratégicas y justifica acciones extraterritoriales.

El resultado es un país sometido a presiones simultáneas: Rusia busca influencia política y  capacidad de penetración informativa, mientras Estados Unidos actúa con fines tácticos y de contención criminal, aunque con niveles variables de transparencia. En ambos casos, la soberanía mexicana se ve tensada porque el Estado carece de una arquitectura de inteligencia sólida, moderna y capaz de enfrentar estas dinámicas.

La situación se agrava por la reciente transformación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), responsable constitucional de la seguridad nacional, en el nuevo Centro Nacional de Investigaciones, orientado ahora a apoyar la seguridad pública. Este rediseño debilitó funciones críticas de contrainteligencia en un momento en que el país requiere fortalecerlas.

El cambio institucional no fue acompañado de una reforma legal que clarificara quién asumirá la vigilancia de amenazas estratégicas, bajo qué reglas se llevará la cooperación internacional o qué controles civiles garantizarán su uso adecuado. El vacío resultante genera incertidumbre operativa y fragmenta capacidades que deben ser especializadas, profesionales y continuas.

Además, al acercar las funciones de inteligencia al ámbito policial, se abre la puerta a la politización, se reduce la profundidad técnica y se pierde alineación con las mejores prácticas internacionales, donde seguridad nacional y seguridad pública mantienen mandatos y controles separados.

En un entorno donde México es pieza de disputa entre potencias rivales, debilitar su infraestructura de inteligencia no solo compromete la soberanía, sino también la capacidad del Estado para proteger a su población. El país necesita recuperar capacidades, definir reglas claras y reconstruir su institucionalidad estratégica.

Mientras eso no ocurra, otros actores seguirán operando en su territorio bajo sus propios términos.