Bolivia dice adiós al ciclo de Evo Morales

El triunfo en segunda vuelta de Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con más del 54% de votos, en medio de una profunda crisis económica y descontento social, marca el fin en Bolivia de casi 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), fundado en 2006 por el expresidente indígena y exlíder sindical cocalero Evo Morales, quien fue el gran derrotado pese a no participar. Morales, de 65 años, fue elegido presidente en tres ocasiones (2005, 2009, 2014) hasta que en noviembre de 2019 debió renunciar debido a protestas sociales y presiones militares por acusaciones de fraude en las elecciones de octubre, que de haber ganado le habrían asegurado un cuarto mandato.

Exiliado en México y Argentina, Evo Morales regresó a Bolivia un año después gracias a la victoria electoral de su exministro de Economía, Luis Arce, hoy presidente saliente. Morales buscó recuperar el control del MAS desestabilizando a Arce, pero fue finalmente apartado del liderazgo. Intentó registrarse para esta con un nuevo partido, EVO Pueblo, pero no cumplió los requisitos. Además, enfrenta dos órdenes de arresto desde 2024, acusado de trata agravada de personas por presuntamente haber tenido un hijo con una joven de 15 años en 2016. Declarado en rebeldía al no acudir a las audiencias, permanece refugiado en Cochabamba, protegido por sus seguidores, quienes han bloqueado carreteras para evitar su detención.

Este martes, la Fiscalía de Tarija -departamento donde residía la joven- presentó su acusación formal por trata agravada de personas. Aún falta definir la fecha del juicio.

Tanto Morales como sus aliados del eje bolivariano (Cuba, Venezuela y Nicaragua) atribuyeron su renuncia a un “golpe de Estado”. Sin embargo, en enero de 2020, durante su refugio en Buenos Aires, Evo admitió ante la prensa haber pecado de “soberbia”, en referencia a sus intentos continuistas que llevaron al quiebre político en su país.

Evo Morales fue el presidente que más tiempo gobernó Bolivia, casi 14 años. Bajo su mandato, la nación andina, rica en gas, litio y minerales, vivió una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un PIB anual del 5% y una reducción de la pobreza extrema del 36.7% al 16.8%. Su gobierno impulsó una profunda transformación social, declarando al país Estado plurinacional, reconociendo los derechos de los pueblos indígenas y promoviendo la igualdad de género. Nacionalizó los hidrocarburos, financió programas sociales, instauró la educación gratuita e intercultural y creó un sistema de salud universal. Su gestión consolidó un modelo económico soberano, conocido como el “milagro boliviano”.

La crisis comenzó a gestarse en 2016, cuando diversos factores empezaron a erosionar su legitimidad.

El referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 fue un punto de inflexión: Morales consultó si podía volver a postularse, pero el 51.3% de los votantes lo rechazó. No obstante, en 2017, el Tribunal Constitucional, afín a su gobierno, lo habilitó argumentando que la reelección era un “derecho humano”; un recurso inspirado en el dictador nicaragüense Daniel Ortega, quien en 2014 eliminó los límites a la reelección bajo el mismo argumento. Ortega y el FSLN pusieron fin en 1979 a 50 años de dinastía somocista, pero llevan en el poder casi 24 años, con niveles de represión similares o mayores.

Bolivia, al igual que el resto de los países sudamericanos, es sensible al autoritarismo tras casi 18 años de regímenes militares (1964-1986), siendo el más prolongado el del general Hugo Banzer (1971-1978), con casi siete años en el poder. De haber podido continuar, Morales habría estado al menos 19 años en la presidencia.

En El Salvador, el populista mediático Nayib Bukele adoptó la fórmula de Ortega, demostrando que la ambición política no distingue entre derecha e izquierda.

En los tres casos, la reelección se habilitó mediante decisiones judiciales alineadas con el Ejecutivo. El modelo tiene raíces en la URSS y China, y se refleja en la Rusia de Vladímir Putin, en el poder desde hace 25 años, así como en la -en su momento- revolución cubana, cuyo sistema de partido único ha permitido, de facto, la reelección indefinida durante 66 años, manteniendo el control político bajo el discurso de la voluntad popular, la defensa de la soberanía frente a la injerencia estadounidense y la continuidad del “proyecto”.

Si bien no mencionó a Evo Morales, las recientes declaraciones del presidente chileno Gabriel Boric resultan pertinentes. Desde Roma, donde se encontraba de visita, acusó a Nicolás Maduro de estar detrás del secuestro y asesinato en Chile del militar venezolano Ronald Ojeda. “Las dictaduras cruzan fronteras para imponer el miedo”, afirmó Boric, horas después del atentado en Bogotá contra dos exiliados venezolanos y con meses de avances en la investigación de la Fiscalía chilena por el caso Ojeda.

En Chile habrá elecciones en noviembre, y Boric (39) se mantiene como la única figura de la izquierda latinoamericana que ha condenado las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y el sicariato transnacional, prácticas que también aplica el régimen de Ortega. Estas acciones recuerdan la coordinación represiva de las dictaduras militares del Cono Sur en 1970-1980 bajo el Plan Cóndor, un esquema para perseguir y eliminar a opositores, con apoyo logístico y de inteligencia de la CIA.

Chile fue gobernado por el dictador Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, pero en 35 años ha desarrollado instituciones democráticas sólidas. Seis gobiernos de distintas tendencias se han alternado en el poder, con predominio de la centroizquierda. El derechista José Kast lidera las encuestas para sustituir al progresista Boric, reflejo de la profunda polarización social e ideológica del país, pese a lo cual se respeta el resultado de las urnas.

Boric añadió: “Es importante decir desde la izquierda que no podemos perder de vista que los desvíos autoritarios pueden estar a la orden del día en cualquier lado y que la defensa de la democracia debe serlo sin doble estándares. La defensa de los derechos humanos es siempre porque los derechos humanos son un avance civilizatorio y no un patrimonio de un sector político en particular”.