EU-Venezuela: ¿Intervenir o ‘enviar señales’?

El “ataque letal” llevado a cabo este martes en aguas del Caribe por el Comando Sur de Estados Unidos contra un supuesto “barco de droga” procedente de Venezuela incrementó la tensión entre Washington y Caracas. Esto ocurre justo cuando el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, inicia su cuarta gira por América Latina (esta vez en México y Ecuador) con la seguridad regional como eje principal.

La gira de Rubio fue precedida por el inusual despliegue de ocho buques de guerra de la Armada de EU en el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, lo que encendió las alarmas sobre una posible intervención militar de la administración de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro.

A mediados de agosto, el Pentágono ordenó el envío de fuerzas aéreas y navales al sur del Caribe con el objetivo de enfrentar “amenazas de cárteles de la droga latinoamericanos” designados como organizaciones terroristas. El 14 de agosto, el secretario Rubio confirmó el despliegue, señalando que el Comando Sur estaría a cargo de las operaciones navales y aéreas y apuntando directamente al llamado Cartel de los Soles (cuya existencia en Venezuela es dudosa, no así el grupo criminal Tren de Aragua) como una de las amenazas principales.

Entre el 18 y el 22 de agosto comenzaron a arribar las unidades navales, entre ellas los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, así como los buques anfibios USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, conformando un importante despliegue militar en la región.

En el caso específico de México, Rubio tiene previsto firmar un acuerdo de seguridad con la presidenta Claudia Sheinbaum, formalizando un memorando de entendimiento para la cooperación en inteligencia y el combate al narcotráfico, con respeto a la soberanía mexicana.

La agenda de Rubio incluye, sin embargo, presionar a México para una “acción rápida y decisiva” orientada a desmantelar cárteles, frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia EU y reducir la migración irregular. Comercio, aranceles e influencia china en la región son otros temas que seguramente estarán sobre la mesa.

El presidente Trump fue quien anunció el ataque la tarde del martes, durante un discurso en la Casa Blanca, sin aclarar qué tipo de embarcación fue atacada ni el lugar exacto del incidente. Poco después, Rubio amplió la información en redes sociales, indicando que las fuerzas militares habían “realizado un ataque en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba operado por una organización narcoterrorista designada” (sin precisar cuál).

Para Geoff Ramsey, investigador principal sobre Venezuela y Colombia del Centro de América Latina del Atlantic Council, “todo depende de dónde se produjo este ataque. Si ocurrió en aguas venezolanas, podría desencadenar una escalada masiva por parte de Venezuela. Sin embargo, por lo que he oído, esto ocurrió en aguas internacionales, lo que sugiere que se trata de una operación de interdicción de drogas”.

En entrevista con The Guardian, Ramsey añadió: “Después de todo, este es un entorno con muchos objetivos. Hay numerosas lanchas rápidas que transportan cocaína por el Caribe sur y creo que Washington está más interesado en enviar señales que en emprender acciones militares dentro del territorio venezolano”.

Expertos colombianos coinciden con Ramsey en que el despliegue naval de EU no parece apuntar a una invasión a Venezuela, al menos no de forma inmediata, sino a un cerco multifactorial que combina presión militar, diplomática y simbólica con tres posibles escenarios: “negociación, fractura interna o colapso caótico”.

Así lo afirma Germán Ortiz Leiva, catedrático de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. En declaraciones a El Tiempo de Colombia, Ortiz sostuvo que el objetivo de EU es “generar un punto de quiebre en un gobierno que lleva 25 años desafiando los moldes de la política hemisférica”.

El analista identificó tres posibles escenarios de Washington sobre Venezuela: 1) Una salida pactada que permita a la cúpula chavista conservar ciertas garantías a cambio de abandonar el poder, abriendo paso a una transición; 2) Una ruptura parcial, con fracturas internas en el chavismo entre quienes buscan preservar el legado político-militar y quienes apuestan por un cambio. En este contexto cobra relevancia la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por EU por la captura de Maduro (el doble de la ofrecida en su momento por Osama bin Laden), o 3) Un colapso desordenado, un “quiebre súbito” en una sociedad profundamente militarizada, que podría derivar en enfrentamientos civiles generalizados con efectos devastadores para Venezuela y la región.

James Story, exembajador de EU en Venezuela, se mostró escéptico ante la posibilidad de una intervención militar. “No creo que sea cierta la idea de una invasión”, dijo al The New York Times la semana pasada. También desestimó que el despliegue militar esté enfocado en un cambio de régimen. Más bien, “podría ser un intento de indicar a los elementos descontentos del ejército venezolano que ha llegado el momento de alzarse contra Maduro. Pero hemos visto ese enfoque fracasar repetidamente durante los últimos 25 años”.

El lunes, el presidente Maduro acusó a EU de buscar un “cambio de régimen” a través de un “amenazante” despliegue naval y advirtió que su país respondería con “lucha armada” ante cualquier agresión. “Venezuela se enfrenta a la mayor amenaza que se ha visto en nuestro continente en los últimos cien años”, agregó Maduro y la calificó de “extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”.

El 18 de agosto, coincidiendo con el arribo de unidades navales al Caribe sur, Maduro anunció la movilización de 4.5 millones de milicianos como parte de un plan especial de defensa nacional.

La medida fue puesta en duda por el politólogo argentino Andrei Serbin, de la consultora Cries. Serbin, experto en el tema militar, dijo a Infobae que “no existen suficientes armas en el país para esto”. Destacó que la cifra coincide llamativamente con el número de empleados estatales en Venezuela, sugiriendo que el anuncio es parte de una estrategia discursiva y no un reflejo de fuerzas efectivas.