Nicaragua: Ortega legaliza la dictadura

Pese a la presión internacional, o quizá por eso mismo, la dictadura bicéfala de Daniel Ortega y su esposa y “copresidenta” Rosario Murillo, legalizó este martes su régimen de dinastía familiar, al hacer aprobar una reforma constitucional que prolongará a siete años renovables su mandato y los faculta para excluir candidatos en eventuales elecciones.

La reforma, aprobada en la ciudad de León (noroeste) por la Asamblea Nacional (parlamento controlado por Ortega), extiende el control sobre las instituciones, convirtiendo de facto a la Constitución Política en una herramienta para la continuidad indefinida en el poder.

Su ratificación definitiva, que se da por descontada, está prevista para el próximo 18 de enero, fecha del natalicio del poeta leonés Rubén Darío, frente a cuya tumba dio inicio la ceremonia legislativa, en la Catedral de León, a 80 kilómetros de Managua, la capital.

La aprobación de la reforma tiene lugar en medio de una creciente presión internacional tras las declaraciones de Ortega, de 80 años, contra la celebración de elecciones transparentes y competitivas, y previo a una reunión de cancilleres convocada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar la situación de Nicaragua.

De acuerdo con el portal opositor 100% Noticias, que transmite desde el exilio, luego de que sus instalaciones como canal de televisión abierta fueran allanadas y confiscadas por el régimen tras las masivas protestas antigubernamentales de abril de 2018, el punto central de la reforma es la extensión del periodo de Ortega y Murillo (75), a siete años “renovables”, una fórmula que les permite la continuidad sin establecer un límite de mandatos.

Una reforma en 2025 ya había extendido de cinco a seis años el periodo presidencial, concentrando las facultades del Estado alrededor de la copresidencia y debilitando aún más la independencia del resto de poderes públicos.

Daniel Ortega llegó al poder por primera vez en julio de 1979, con 34 años, como parte de la revolución armada encabezada por el Frente Sandinista (FSLN), que derrocó a la dinastía de medio siglo de la familia Somoza, aliada de Estados Unidos. Fue presidente de 1985 a 1990, cuando fue derrotado en las urnas por Violeta Barrios de Chamorro, esposa del periodista conservador Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, asesinado en 1978 por el somocismo.

Regresó a la presidencia en 2007 mediante pactos y un discurso conciliador, pero desde entonces se dedicó a absorber, a través del FSLN, el control del poder judicial, electoral, legislativo y de seguridad. Murillo asumió formalmente la vicepresidencia en 2017, institucionalizando un mandato dual, y desde 2025 comparte con Ortega la “copresidencia”, una fórmula que, según la oposición, oficializa su poder absoluto al mismo nivel que el de su esposo y asegura la sucesión dinástica en el Poder Ejecutivo.

La deriva autoritaria del otrora líder sandinista, que pasó siete años en prisión bajo el somocismo, se profundizó tras las masivas protestas sociales de 2018, que dejaron más de 350 muertos, miles de heridos y detenidos y más de 800 mil exiliados, en un país de apenas siete millones de habitantes.

Al igual que en Cuba, el régimen adoptó la estrategia de excarcelar a opositores para desterrarlos y despojarlos de su nacionalidad nicaragüense, no obstante las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, además de formalizar el gobierno su salida de la OEA en 2023.

El 19 de agosto, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, la OEA aprobó una resolución para convocar a una reunión de cancilleres, a pesar del voto en contra de Brasil y de la abstención de México, que ha evitado condenar directamente a los Ortega-Murillo bajo el argumento constitucional de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

Una regla de oro de su política exterior que, sin embargo, no le impidió en los años 70 desempeñar un papel crucial en el derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle, rompiendo el presidente José López Portillo relaciones, ofreciendo un firme respaldo diplomático al FSLN y concediendo asilo a numerosos perseguidos y opositores del dinasta.

Uno de ellos fue la poeta y escritora Gioconda Belli, quien acaba de merecer el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026.

Conmovida, Belli agradeció la distinción desde España -donde vive un nuevo exilio- y recordó que México fue el país que la acogió y cobijó en 1975, al tener que salir de Nicaragua.

Recordó que antes México era un bastión de solidaridad contra las tiranías latinoamericanas y lamentó la indiferencia actual del gobierno frente a los abusos de Ortega-Murillo. Denunció que en su país los exiliados están “condenados a no existir” ya que el régimen les ha decretado la “muerte civil”, quitándoles, como a ella, no sólo la nacionalidad, sino también sus bienes y sus pensiones de jubilación.

Otro reconocido escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura, también debió exiliarse en España, en 2021, tras la persecución y orden de captura dictada por el régimen de Ortega.

A sus 84 años, Ramírez fustigó a Brasil por su votación en la OEA y, en una carta abierta escrita en tono cálido pero firme (El País, 24-08), reprochó su amigo, el presidente Lula da Silva, la ambigüedad cómplice. Le recordó que sólo existe una clase de democracia, “la elegida por los votos de los ciudadanos”, cuestionó el doble rasero afirmando que “las dictaduras tienen un solo color” y le pidió que no le niegue al pueblo nicaragüense el derecho a elegir en libertad, “el mismo principio que defiende para Brasil”.

De cara a los próximos comicios en ese país, Ramírez concluyó en forma tajante: “No se arriesgue, por favor, a crear una terrible confusión que haga creer al pueblo de Nicaragua que la única manera de que Brasil se manifieste claramente contra Ortega y su dictadura familiar es con la victoria de Flávio Bolsonaro y todo lo que representa”.