Maricarmen y la batalla por la vivienda en España

Como en la película “En los márgenes”, donde Penélope Cruz interpreta a Azucena, una cajera de supermercado y madre de un niño que, como muchos otros españoles, se enfrenta al desalojo de su apartamento por una ejecución hipotecaria, Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada el 23 de septiembre del piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el barrio madrileño de Retiro, donde vivía desde 1956. Tenía un contrato de renta antigua y, con el cambio de propiedad del inmueble, se inició un litigio que terminó con una sentencia en su contra.

Maricarmen fue sacada en camilla por agentes de la Policía Nacional, que apoyaron la ejecución de la resolución judicial a favor la empresa inmobiliaria y de inversión Urbagestión, dueña del inmueble desde 2018.

Su expulsión causó una fuerte movilización social, con decenas de miles de personas manifestándose en todo el país y un plantón histórico de jóvenes y adultos, con unas cien tiendas de campaña, en la plaza de la Puerta del Sol, convirtiéndose su caso en un símbolo del conflicto por la vivienda que afecta no sólo en Madrid, sino a toda España.

Al momento de escribir estas líneas, los Mossos d’Esquadra ejecutaban en Mataró, Barcelona, el desahucio de una familia vulnerable compuesta por siete personas, entre ellas un hombre con un 87% de discapacidad y tres menores, uno de ellos con autismo. Según el diario El Mundo, vecinos y activistas intentaron sin éxito, como en el caso de Maricarmen, impedir el desalojo de la vivienda, que la familia ocupaba desde hacía 11 años y que pertenecía a un fondo de inversión. Otro desalojo estaba previsto, también en Mataró, de otra familia en situación de vulnerabilidad, en el barrio de Rocafonda.

El caso de Maricarmen llevó al presidente Pedro Sánchez a presentar contrarreloj dos decretos para reformar el mercado de la vivienda, aprobados este martes por el Consejo de Ministros. Sánchez pidió “empatía” y “sentido de Estado” para tramitar y convalidar la iniciativa en el Congreso, liderado por el conservador Partido Popular (PP). En el poder desde 2018, el socialista Sánchez, del PSOE, ha sido criticado incluso entre sus filas por no haber contenido la escalada de los precios del alquiler y de la vivienda, que se han duplicado en la última década.

La noche del lunes, Beatriz Duro, abogada de Abascal, anunció un acuerdo con Urbagestión para que Maricarmen pueda regresar a su casa. El nuevo alquiler será similar al que la mujer venía pagando, unos 500 euros mensuales, en lugar de los dos mil 650 euros que la empresa exigía (54 mil 200 pesos mexicanos), equivalente a un 275% más.

“Ojalá este acuerdo sirva también para cambiar un poco el paradigma en materia de vivienda”, declaró Duro, siendo esta la primera vez en España que una persona que ha sido desahuciada puede regresar a su casa.

La ministra de Sanidad, Mónica García, adelantó que los decretos incluyen la renovación automática de los contratos de alquiler en beneficio de más de cinco millones de personas y la prohibición de los desahucios hasta 2030.

La crisis de la vivienda en Madrid y en las principales ciudades españolas es similar a la registrada en otros países de Europa, Estados Unidos y América Latina, donde la compra o renta de la vivienda se ha encarecido y la oferta asequible no crece al ritmo de la demanda. También está detrás de los recientes triunfos electorales de la izquierda: el del alcalde Zhoran Mamdani en Nueva York y el Elif Eralp, candidata de origen turco en Berlín. En ambas ciudades, el encarecimiento de los alquileres y la falta de vivienda asequible se convirtieron en ejes centrales de sus campañas.

A partir de 2022, la crisis habitacional en España pasó a ser un problema estructural de accesibilidad, hasta convertirse en un conflicto social y político abierto, como muestra el ejemplo de Maricarmen, pensionista, hija de una familia dedicada al ganado lechero, quien llegó a esa vivienda a los 17 años.

El Banco de España sitúa el punto de inflexión de la crisis entre 2014 y 2015, cuando comenzó la recuperación del mercado inmobiliario tras el colapso financiero internacional de 2008-2013.

Recuerdo que, en 2012, varios desahucios que terminaron en suicidios conmocionaron a España, como los de José Domingo, en Granada, y Amaia Egaña, en Barakaldo, País Vasco. Domingo, de 53 años, se ahorcó en su vivienda una hora antes de que se ejecutara el desalojo, y Egaña, de la misma edad, se arrojó por la ventana.

Otras muertes sucedieron en Córdoba, Valencia, Málaga, Canarias y Mallorca en el contexto de la profunda crisis económica general, que impactó en el empleo, lo que empujó al gobierno del conservador Mariano Rajoy a acelerar medidas para intentar frenar los desahucios, como hace hoy Pedro Sánchez.

De hecho, la abdicación del rey Juan Carlos I estuvo ligada indirectamente a la crisis habitacional cuando, en medio de la escalada de desalojos, trascendió que el soberano, de 74 años, se había fracturado la cadera en el Delta del Okavango, en Botsuana, durante un safari privado de caza de elefantes junto a su amante alemana, Corinna Larse, tras abatir de siete tiros a un ejemplar con un rifle de alto poder, como mostraron las fotografías de la prensa.

El incidente, ocurrido el 13 de abril de 2012, se convirtió en escándalo mientras las estadísticas oficiales consignaban un promedio histórico de 517 desalojos diarios, por lo que las disculpas del monarca infiel al salir del hospital -“Lo siento mucho. Me he equivocado”- sirvieron de poco.

A la distancia, la misma indignación pública por el contraste entre los padecimientos de la población y la exhibición de los privilegios del poder la encontramos ante el desalojo de Maricarmen y la adquisición, por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, a cargo de Isabel Díaz Ayuso, del PP, de un ático de lujo de 6.3 millones de euros.

Ayuso, quien explicó que ella no ordenó personalmente la compra, sino que fue una decisión de su equipo, aunque “a mí no me pareció mal”, sostuvo que el desahucio de la anciana era “uno más de los 25 mil 500 que se ejecutan todos los años” e ironizó sobre impedir los desalojos de inquilinos vulnerables: “Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros”.