El pozo de Juchitán

Juchitán, dicen las autoridades en Oaxaca, está inmerso hoy en una profunda reorganización política y de seguridad. Es una pantomima. La seguridad no regresará, aunque la violencia se dé una pausa mientras se enfría el ambiente tras la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano la semana pasada, acusado de ser parte de Los Cromos, el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa región zapoteca. Sánchez Altamirano era una pieza menor del entramado criminal, un subordinado del jefe de la estructura, su protector Emilio Montero, a quien, por intermediación de varias figuras de Morena, incluido un secretario de Estado, le congelaron una orden de aprehensión por sus lazos con el crimen organizado.

Montero es clave en la estructura delincuencial en toda la región, y de acuerdo con funcionarios federales, responsable directo de la violencia que rompió el equilibrio de poderes político-criminales en Oaxaca, con una serie de asesinatos durante las fiestas tradicionales en mayo, llamadas “Velas”, rompiendo un viejo pacto no escrito entre los diferentes grupos delincuenciales de mantenerse sin acciones violentas durante esas celebraciones altamente populares. 

Tras la captura de Sánchez Altamirano, Montero renunció a la dirección del Instituto de Educación de Oaxaca, equivalente a la Secretaría de Educación estatal, desde donde había tejido redes para ir debilitando al Cártel de Sinaloa, que era la fuerza criminal predominante en Oaxaca hasta que la construcción del Tren Transístmico le abrió la puerta al cártel de las cuatro letras. Las autoridades federales y estatales están buscando contener en el exalcalde la putrefacción social, política y criminal que se vive en el estado, y evitar que llegue al más alto nivel del poder estatal.

Oaxaca no estaba en el radar público como un estado de alta violencia, pero es uno de los ejemplos más claros de cómo se fue entreverando la política con el CJNG, desplazando al Cártel de Sinaloa en medio de una lucha entre dos zapotecos, Montero y el senador Antonino Morales, que, paradójicamente, es el delfín del gobernador para sucederlo. 

El senador es señalado por las autoridades como quien controla la ruta de migrantes en Oaxaca, y está involucrado en el huachicol básico, que son los piquetes a los ductos para robarse el combustible. Martínez es de Tehuantepec, también en la región zapoteca e históricamente enemistado con Juchitán, que es la persona a la que está impulsando el gobernador para sucederlo en 2028, y disputa con Montero el territorio político-criminal en Juchitán y Tehuantepec.

Para esa lucha, desde que fue alcalde en Juchitán 

Como alcalde de Juchitán, que gobernó en dos ocasiones de 2019 a 2022, Montero viajó a Tlaquepaque y se reunió con varios jefes del CJNG para pedirles ayuda. Resultado de aquella negociación, recibió el apoyo de un operador importante del CJNG, que tiene varios apodos, como “el español”, porque fue en España donde se vinculó con esa organización criminal, “el fantasma”, “el fallo” y “el fallín”, y que operaba en la región zapoteca desde que colaboró con la Guardia Nacional para obligar a las comunidades indígenas que resultarían afectadas por el paso del Tren Transístmico, a cederles derecho de vía, con lo que esa organización comenzó a controlar la plaza. “El fantasma” fundó Los Cromos en 2023, que sirvió a Montero como un grupo armado en su pelea con el senador Martínez. 

El gobernador está jugando doble. Montero y Sánchez Altamirano le abrieron la puerta de Juchitán a su hermano, Noé Jara, que es coordinador de la Secretaría de Gobierno del ayuntamiento de Oaxaca capital, y encabeza desde las sombras la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del estado de Oaxaca, conocida por sus siglas ASAEO, que desplazó de la región a CATEM, el sindicato que preside el vicecoordinador de los diputados de Morena, Pedro Haces. 

La investigación que llevó a la captura de Sánchez Altamirano, que heredó la alcaldía de Montero, comenzó a finales de julio por el asesinado del periodista Alejandro Leyva, que desde su columna El Zumbido del Moscardón ejerció una consistente e informada crítica al gobierno de Salomón Jara y hablaba de la intervención del CJNG en los asuntos estatales. Cuatro miembros del ASAEO, a cuyos líderes también criticaba, fueron detenidos como presuntos responsables del crimen y están bajo proceso. El asesinato llevó a las autoridades federales a prestar nueva atención en Oaxaca, que desde entonces se fue deteriorando social, política y criminalmente.

El segundo asesinato relevante para la investigación se dio hace dos meses en Tehuantepec, donde sicarios del CJNG mataron a una decena de miembros de otra organización criminal, encabezada por José Arturo López Betanzos, apodado “El Comandante Viento”, llamado así por ser experiencia en la construcción de pistas para avionetas con droga en zonas donde hay fuertes corrientes de viento, como en La Ventosa, que se había mantenido como fuerza autónoma en la región del Istmo. Tras el asesinato, negoció una alianza con Ricardo Estévez Colmenares, apodado El Bogar, un importante líder criminal en la región de la costa, ligado con el Cártel de Sinaloa. Los dos pertenecen a la vieja guardia del crimen organizado en el sur del país.

Las redes de vínculos que se han venido estableciendo tras los dos asesinatos conducen al corazón del gobierno de Salomón Jara, no solo por la vinculación de su hermano con grupos criminales, de acuerdo con funcionarios federales, sino por los nexos con Montero y su socio, Jesús Romero, secretario de Gobierno del estado, y Karina Barón, la responsable de las Mesas de Coordinación para la Paz y la Seguridad, y un esfuerzo de ir haciendo un relevo generacional y de organizaciones criminales en la entidad.

La descomposición fue siendo retratada por Leyva en El Zumbido del Moscardón y poco antes de ser asesinado denunció en la Fiscalía General de la República que hacìa responsables, si le sucedía algo, al gobernador, al secretario de Gobierno y al consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, pero no hicieron nada, ni para abrir líneas de investigación sobre la putrefacción que se estaba viviendo, ni para protegerlo. 

El arresto de Sánchez Altamirano parecía que finalmente el gobierno federal intervendría. En efecto lo hizo, pero para frenar las investigaciones y las acciones, dejando en libertad a Montero, sin judicializar la información que se tiene del senador Morales, y permitiendo que el gobernador Jara siga mangoneando las cosas en Oaxaca, pese a que él sería el primer responsable, cuando menos político, de la tragedia que se está viviendo en su estado.