Diagnóstico penitenciario: la CNDH también reprueba

Esta semana se publicó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH, una evaluación que permite conocer las condiciones en las cárceles del país, y que tradicionalmente ha servido para orientar a las autoridades a mejorar. Este año, sin embargo, se han emitido unos resultados tardíos, poco transparentes y centrados en descalificar más que en construir.

De acuerdo con Rosario Piedra, en 2025 se supervisaron 278 centros penitenciarios en las 32 entidades federativas, incluidos los estatales, federales y militares. Los resultados muestran un deterioro generalizado: 23 sistemas estatales reprobaron y sólo cuatro, Aguascalientes, Michoacán, Tabasco y Zacatecas, mejoraron unas décimas, sin dejar de obtener calificaciones bajas. Nuevo León registró la mejor calificación estatal, con 7.02, muy por debajo del 9.1 que obtuvo Querétaro en 2024. En el ámbito federal, los 14 centros evaluados bajaron su puntuación, con un promedio de 6.73.

Entre los principales problemas señalados por Piedra están la inadecuada clasificación de las PPL, la insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos, la falta de personal de seguridad y custodia, las deficiencias en los servicios de salud y la sobrepoblación y el hacinamiento (situación agravada por la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa).

Durante la presentación se enfatizó en que las evaluaciones de 2025 mejoran respecto de las realizadas en años anteriores, con el objetivo de avanzar hacia un sistema penitenciario más humanista, justo y menos punitivista. Sin embargo, no se explicó en qué consisten esas mejoras ni cómo las evaluaciones contribuirían a alcanzar ese objetivo. No deja de llamar la atención que Nestora Salgado, directora general de Quejas en Materia Penitenciaria e Inconformidades, insistiera en denunciar una "simulación de las evaluaciones anteriores", como si no hablara de la misma institución que hoy encabeza Rosario Piedra, sentada a su lado, escuchando aparentemente ajena a la acusación.

Sin embargo, la CNDH parece reprobar su propio diagnóstico. No por señalar las deficiencias del sistema penitenciario mexicano, cuya necesidad de mejora urgente está fuera de discusión, sino por presentar evaluaciones que no explican con claridad la metodología empleada, parecen desconocer avances y no ofrecen elementos suficientes para sostener la caída generalizada de las calificaciones. No hay un reconocimiento a los sistemas que con mucho esfuerzo han mejorado y de paso ya no exhibe a los que han empeorado, pues al poner a todos en el mismo saco, termina por quitar legitimidad a la evaluación.

Sobre todo, hay calificaciones difíciles de conciliar con la realidad. Querétaro, el sistema mejor evaluado desde 2019, cayó de 9.1 a 6.41. Al sistema federal se le señaló escasez de personal, pese a que uno de cada tres elementos actuales se incorporó durante la administración en curso y a las inversiones sin precedentes en infraestructura y tecnología. A su vez, las mejoras de algunos estados como Nayarit, Quintana Roo, Morelos, Guanajuato y Chiapas no parecen reflejarse proporcionalmente en sus calificaciones, mientras que otras como la del Estado de México tampoco parecen corresponder al deterioro real de su sistema.

En suma, los resultados de 2025 aportan poco al propósito de avanzar hacia un sistema penitenciario más humanista y desdibujan el valor de una herramienta indispensable para mejorarlo. Sin una metodología transparente ni elementos que permitan comprender las variaciones, el diagnóstico pierde rigor, comparabilidad y utilidad para orientar decisiones.

Peor aún, la CNDH presenta demasiado tarde la evaluación de 2025, considerando que la de 2026 ya está elaborada. Mientras exige a las autoridades penitenciarias atender los señalamientos del diagnóstico, las deja sin una herramienta técnica oportuna para evaluar los avances. El DNSP era uno de los pocos instrumentos de la CNDH que todavía resultaban útiles hasta 2024; su deterioro se suma al descrédito de la institución bajo la actual administración.