ICE: las muertes detrás de la política migratoria de Trump

Emiliano Andrade Covarrubias tenía 56 años, llevaba décadas viviendo en Estados Unidos y contaba con residencia permanente. Era padre de tres hijos estadounidenses y trabajaba como contratista de pintura en Dallas. El 17 de octubre fue encontrado inconsciente en su celda del Centro de Procesamiento Río Grande, en Texas, donde permanecía detenido desde junio. Padecía diabetes e hipertensión, había manifestado dificultades para respirar y dolor en el pecho y, según su familia, su salud se deterioró rápidamente por la falta de atención médica adecuada. Aunque las causas de su muerte siguen bajo investigación, su caso se suma a una preocupante sucesión de fallecimientos bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, 18 mexicanos han muerto durante operativos y detenciones del ICE. Esta cifra se suma a los al menos 58 fallecimientos de personas de distintas nacionalidades bajo custodia o en acciones migratorias, una tasa de mortalidad casi cuatro veces mayor que durante el gobierno de Biden y más del doble de la registrada en el primer mandato de Trump.

Ante esta situación, México ha recurrido a las vías diplomáticas y jurídicas a su alcance para exigir el esclarecimiento de las muertes, con escasos resultados: de las 20 denuncias presentadas por el fallecimiento de 17 connacionales, solo cuatro han recibido respuesta.

Nueve de los primeros 14 mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE, es decir, el 64%, se encontraban en centros administrados por las empresas privadas GEO Group y CoreCivic. En Adelanto, California, un centro operado por GEO Group, una jueza federal ordenó corregir deficiencias en la atención médica, la alimentación y el acceso al agua potable. Ante las irregularidades detectadas y la falta de garantías para proteger la seguridad y la integridad de los detenidos, el Gobierno mexicano también ha anunciado acciones legales contra las empresas responsables.

A ello se suma una decisión inédita del Pentágono, que autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a probar durante siete meses un arma militar conocida como rayo de calor, para evaluar su posible uso en la frontera con México. El dispositivo puede provocar una intensa sensación de quemadura que obliga a las personas a huir. Aunque se clasifica como no letal, puede causar lesiones y poner en riesgo la vida de quienes intentan cruzar el río Bravo. Por ahora solo se han autorizado pruebas y no su uso contra migrantes.

Las políticas migratorias y sus consecuencias humanas se producen en un momento de creciente tensión política, a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El descontento por el encarecimiento de la vida y la incertidumbre económica se suma a la incomodidad que generan entre los candidatos republicanos las recientes concesiones de Trump a Rusia para intentar bajar los precios de los combustibles. En este clima, la votación anticipada alcanza cifras récord con más de 16 millones de votos emitidos, mientras Trump muestra cada vez menos tolerancia a los cuestionamientos de la prensa y su gobierno acusa sin evidencia de irregularidades electorales en California. Todo ocurre en la recta final de una contienda en la que se debate el rumbo del país.