Pepe Merino, de analista de datos a censor del régimen

Con una reforma que imita en muchas de sus partes a la llamada Ley Resorte de Venezuela (de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios electrónicos) y que recupera también otras partes de la fallida reforma de Peña Nieto en 2014, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó aprobar, en fast track y sin que nadie conociera el contenido completo de la iniciativa, una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones que, además de establecer el nuevo marco legal que imperará en el sector tras la desaparición del Ifetel, aprovechaba para introducir conceptos y disposiciones que le dan a su gobierno superpoderes para censurar, controlar y castigar a medios, plataformas digitales y hasta cuentas de redes sociales personales que trasmitan contenidos que las autoridades consideren "lesivos al interés público".

Y aunque la presión y la reacción tan fuerte que generó entre las empresas de medios y contenidos y los usuarios de redes sociales obligó a la Presidenta a meter freno y ordenar que se analice a fondo la ley y se abra un periodo de consultas con los sectores sociales involucrados y los expertos en la materia, la realidad es que la mayoría de Morena en el Senado, que se aprestaba a aprobar sin cambios y sin siquiera conocer el contenido de la reforma de telecomunicaciones, no actuaba motu proprio y, como siempre lo hacen, seguían las instrucciones del Palacio Nacional en donde querían aprovechar el fin de la Pascua para meterles un huevo envenenado a los mexicanos para limitar y controlar la libertad de expresión constitucional.

Porque de la nada, sin avisarles siquiera a los concesionarios de medios ni a ningún otro sector involucrado, la Presidenta mandó su iniciativa de reforma con carácter de urgente y sin socializar primero el tema que impacta directamente a una industria que genera más de 165 mil empleos y que toca uno de los derechos y libertades más sagradas que tienen los mexicanos: la libertad de expresión y la libertad de crítica y opinión, considerada un valor fundamental para cualquier democracia que se precie de serlo.

Porque revisando detenidamente la propuesta de Sheinbaum, su reforma se acerca mucho más a la Ley Resorte de Hugo Chávez, que comenzó ofreciendo reglas para fomentar la "responsabilidad social" de los medios y terminó convirtiéndose en el instrumento a través del cual la dictadura chavista, primero y luego su continuidad con el dictador Nicolás Maduro, terminaron por cancelar concesiones a medios críticos, restringir y censurar contenidos de los venezolanos en sus redes sociales personales y hasta controlar los contenidos de medios o portales digitales del extranjero que les fueron vetados a los venezolanos, antes de sumirlos en la opresión y el control total de lo que ven, escuchan, piensan u opinan.

Con el argumento de que "el Estado deber recuperar el control" del sector de telecomunicaciones -aunque no se habla ni de mejorarlo, modernizarlo o hacerlo más accesible- sino sólo "controlarlo y regularlo", la Presidenta y sus asesores crearon un mamotreto que entre las facultades que recupera el gobierno del extinto Ifetel incluye nuevas y preocupantes atribuciones para controlar, sancionar o revocar concesiones a criterio del propio gobierno; además de intentar "regular" los contenidos informativos y de opinión en medios masivos e introducir también regulaciones y sanciones para usuarios de redes sociales y plataformas digitales cuyas opiniones o contenidos sean inapropiados para las autoridades regulatorias.

Paradójicamente en 2014 que se impulsó una ley parecida en el gobierno de Peña Nieto, los entonces perredistas, petistas y emecistas que hoy militan en Morena se desgarraron las vestiduras y clamaron desde la tribuna legislativa o desde los mismos medios que hoy pretenden censurar, que la propuesta presidencial era "autoritaria, regresiva, censora y violatoria de los derechos y la libertad de expresión de los ciudadanos". Un buen ejemplo es la incongruente y veleidosa dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, que en 2014 vociferaba desde la tribuna de la Cámara de Diputados por el "intento burdo de censura y violación de derechos", los mismos que ahora valida y aplaude como foca.

En el fondo la iniciativa de reforma redactada por José Merino, director de la llamada Agencia Digital gubernamental y por la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, lo que busca garantizar, más allá del marco regulatorio a las telecomunicaciones, son nuevos medios y normas de control desde el gobierno contra la crítica y los cuestionamientos al régimen.

Y al decidir concentrar todas las facultades en una sola instancia y en una sola persona, como lo es su hombre de confianza Pepe Merino, la Presidenta no sólo está creando un órgano censor y todopoderoso, con todos los dientes para morder, descalificar y censurar a todos aquellos medios, empresas de comunicación u opinadores que no se ciñan a la visión gubernamental de un país que "marcha muy bien" y en donde todas las acciones del gobierno son "transformaciones" y todas las críticas y disidencias son "mentiras, ataques y campañas sucias" contra el régimen.

Se entiende y no es ningún secreto que la Presidenta tiene muy poca gente en la que ella confía totalmente y que sabe que le responden sólo a ella y no a su antecesor y Pepe Merino es uno de ellos. Pero de eso a que se justifique que la Presidenta ningunee a la Secretaría de Gobernación y a la de Comunicaciones Infraestructura y Transporte, quitándoles sus facultades regulatorias en medios y telecomunicaciones, lo único que parece es que, en su radicalismo y su molestia por las críticas a su gobierno, la mandataria quiere tomar todo el control creando un monstruo de la censura, la represión y la adaptación del artículo 6 constitucional a los intereses del régimen gobernante.

De paso un funcionario que se suponía había llegado para "modernizar al gobierno", digitalizar todos los trámites y funciones gubernamentales y tratar de hacerles más fácil a los ciudadanos la interacción con sus autoridades, ahora se está transformando en una suerte del Manuel Bartlett de la era priista, un Moya Palencia o cualquiera de los secretarios que en su momento ejercieron, con total brutalidad y sin miramientos, el papel de censores del régimen. ¿Y entonces, Pepe Merino no era un analista de datos, técnico y especializado en la simplificación digital y administrativa del gobierno? ¿Por qué ahora lo quieren volver el gran censor de la 4T y el nuevo Torquemada que controle y meta en cintura a los medios, a los informadores y a los ciudadanos que disientan del régimen?… Los dados mandaron Escalera Doble para el fin de la Semana de Pascua.