Un INE ciego, sordo y mudo ante acordeones

En vísperas de la elección judicial, cuando todo México ha presenciado la violación abierta y flagrante de las leyes que rigen este inédito proceso electoral por los "acordeones" que distribuye Morena, con apoyo y recursos de dependencias federales y gobiernos locales, los únicos que se hacen como que no han visto nada son los consejeros electorales del INE que con su negligencia y complacencia se aprestan a validar una elección viciada desde sus orígenes.

Aun cuando esto lleva meses ocurriendo y en redes sociales y en los medios abundan las imágenes, videos y testimonios de la forma tan burda en que Morena y sus gobiernos se metieron a operar para inducir el voto por candidatos específicos y afines a su movimiento, cuando la ley prohíbe estrictamente la participación de partidos en los comicios judiciales, el instituto electoral se hizo de la vista gorda y hasta la propia presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el tema cuando le preguntaron en su mañanera: "Tienen que intervenir los organismos electorales, el INE, el Tribunal Electoral, pero voto libre, secreto y directo. Y también hay listas de la derecha, o sea, quién sabe quién anda haciendo eso", dijo la mandataria.

Apenas ayer, justo cuando terminaron las campañas y empezó la veda electoral, la consejera del INE, Claudia Zavala, le dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR de dos investigaciones sobre propaganda electoral basada en los "acordeones". La consejera dice en su petición a la Fiscalía que los simuladores para explicar a la gente cómo votar, creados por el propio instituto, fueron plagiados y utilizados por personas que utilizaron los formatos, colores y números de las boletas formales que se utilizarán en la elección, para elaborar los manuales o "acordeones" para inducir, coaccionar y comprar el voto de electores.

Y ante la actitud lerda y complaciente de las autoridades electorales, ya comenzaron a surgir las primeras denuncias formales sobre la existencia de aparatos partidistas y gubernamentales, financiados con recursos públicos, que están repartiendo los famosos "acordeones" y pagando o condicionando los programas sociales para que sus beneficiarios voten tal como se les indica.

La primera denuncia formal por algo que lleva ya meses sucediendo, fue la que presentó la organización civil Proyecto Justicia Común, que presentó ante el INE una acusación contra el partido Morena y la Secretaria del Bienestar del Gobierno federal por la divulgación de los acordeones judiciales. En el texto de la denuncia también acusan a Raymundo Chagoya Villanueva, presidente municipal de Oaxaca, de ordenar a empleados del ayuntamiento que entreguen las guías de votación junto con tinacos y dinero en efectivo a cambio del voto; y mencionan además a su jefe de oficina, Martín Gamboa Guzmán, como coordinador del operativo con el que "amenazan a beneficiarios de programas sociales si no votan por los perfiles que les indican".

El organismo civil solicita también que el INE actúe contra los Servidores de la Nación de estados como Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, donde investigaciones periodísticas documentaron el reparto de "acordeones" por parte de estos grupos dependientes de la Secretaría del Bienestar del Gobierno federal. En otra parte de su denuncia, mencionan al Sindicato de la Universidad Tecnológica de Morelia, al que acusan de entregar en sus instalaciones de la capital michoacana listas con los candidatos y candidatas por los que deben votar sus agremiados.

Ayer el diario "Reforma" publicó una denuncia, basada en testimonios anónimos de personas que participaron en centros para "convocar a votar en la elección judicial" instalados en varias alcaldías de la Ciudad de México y que fueron financiados por el partido Morena y por el Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con los testimonios. En Tlalpan, dice la investigación, ese movimiento fue coordinado por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador morenista en la Cámara de Diputados y por Margarito Javier Rosas, exfuncionario de la alcaldía de Tlalpan durante la gestión de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Convocados desde marzo pasado, los brigadistas a los que les ofrecieron pagos mensuales de ocho mil pesos, salieron a promover la elección bajo el nombre del Colectivo 1 de junio y se dedicaban a promover la afiliación y convencer de votar por perfiles afines a Morena, luego les pidieron repartir acordeones y hojas rosas en las que se promovía el apoyo a los candidatos oficialistas. "Sé que todo lo que estamos haciendo no es válido, es un delito porque ningún partido está participando como tal en la elección. Nosotros como Morena sí, no quieren que figure Gobierno central, Gobierno federal o estatal, que sería Gabriela Osorio, pero todos están metidos, todos", dijo una de las personas que labora en la red de centros de promoción.

Seguramente surgirán, como esas, muchas otras denuncias, todas con evidencias y pruebas que en muchos de los casos han sido públicas y descaradas, de la intervención oficial y partidista en esta elección. Pero hasta ahora ni el INE ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial han mostrado interés alguno en aplicar la ley en esta elección a todas luces irregular y han sido omisos a la hora de sancionar las violaciones evidentes que se han cometido a lo largo de todo el proceso.

¿Cambiará en algo la actitud de los consejeros y magistrados de aquí a que se realicen las votaciones y se conozcan los resultados? No hay muchas razones para creer que eso sucederá porque, al igual que la simulación que está en marcha para realizar esta elección y revestirla de un proceso "democrático e histórico", los dos órganos electorales, hoy sometidos y colonizados por el régimen, terminarán por validar todo el proceso, si acaso aplicando algunas multas y sanciones que serán sólo para el expediente… Lanzamos el tiro. Capicúa de los dados.