Rocha, prófugo de EU y lo que viene de Washington

Al cumplirse este sábado los 60 días desde que Estados Unidos solicitó su orden de detención con fines de extradición, sin que hasta ahora el Gobierno de México haya procedido a detenerlos y menos a investigarlos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, serán declarados como "prófugos de la justicia estadounidense" y es probable que el Departamento de Justicia le ponga precio a sus cabezas, mientras el gobierno de Donald Trump prepara acciones por tierra contra los cárteles mexicanos.

Aunque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado insistentemente que exista un plazo para responder a la orden de detención que le solicitó Washington en contra de Rocha Moya y otros nueve políticos sinaloenses por asociación con el cártel de "Los Chapitos" y ha exigido al Gobierno estadounidense que le muestre las pruebas en las que basa sus imputaciones a los funcionarios mexicanos, el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece en su artículo 11 que cuando una de las partes de este acuerdo, en un caso de urgencia, solicite la detención provisional de alguna persona acusada y sentenciada, ante tal pedimento, "la parte requerida tomará las medidas necesarias para obtener la aprehensión del requerido".

Y ante la inacción del Gobierno mexicano, que ni detuvo a los 10 acusados, de los cuales dos ya se entregaron voluntariamente a Estados Unidos; ni ordenó tampoco una investigación urgente a la Fiscalía General de la República que determinara si había elementos para la acusación y el inicio de un juicio en el Distrito Sur de Nueva York en su contra, hasta ahora es un misterio cómo responderá la administración Trump a esta negativa de Sheinbaum, que tiene más que ver con consideraciones políticas, por tratarse de militantes de su partido Morena, que con la supuesta "falta de pruebas" que hasta ahora utilizó la mandataria mexicana para negarse a responder a la solicitud de la justicia estadounidense.

Lo que se espera, de acuerdo con fuentes norteamericanas, es que, al no obtener la detención solicitada al Gobierno mexicano, el Departamento de Justicia procederá a declarar como "prófugos de la justicia estadounidense" al gobernador Rocha Moya y a los otros siete acusados que permanecen aún en territorio mexicano, aunque su paradero es un misterio y estarían siendo ocultados y vigilados por el Gobierno federal. Así el senador morenista Enrique Inzunza, que lleva mes y medio sin presentarse en el Senado y apenas el pasado jueves apareció de manera remota en una sesión de comisiones, también se convertiría en "prófugo", al igual que el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez y los otros cinco acusados.

Pero, en espera de saber qué otra medida tomará el gobierno de Trump ante el incumplimiento mexicano del tratado de extradición, está claro que la tensión subirá en la relación bilateral y que las presiones hacia México, por su negativa a atender el requerimiento estadounidense, también podrían aumentar y tornarse cada vez más invasivas de la soberanía mexicana que tanto defiende en el discurso la presidenta Sheinbaum.

Por ejemplo, una versión que se escucha desde Washington es que los anunciados “operativos por tierra” para atacar a los cárteles de la droga mexicanos podrían iniciar con acciones en la frontera común, un área recientemente referida por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, como territorio "controlado por los cárteles mexicanos". Incluso se habla de que la administración Trump estaría conformando unidades de élite para iniciar ataques puntuales y dirigidos contra los grupos mexicanos del narcotráfico.

Pero esas "unidades" que podrían ser enviadas a incursionar en territorio mexicano no estarían integradas por soldados o agentes estadounidenses, si bien serían armadas y coordinadas en el vecino país. La fuente consultada asegura que Trump prepara una ofensiva contra los cárteles con "grupos de soldados procedentes de Colombia, El Salvador, Honduras y Ecuador", una especie de "fuerza latinoamericana" que, bajo el mando y la inteligencia de los Estados Unidos podría ser utilizada para iniciar ataques terrestres contra los capos mexicanos y sus laboratorios de drogas.

La maniobra de involucrar a países de Latinoamérica que se han visto afectados por la expansión de los cárteles mexicanos, que han llevado su violencia y tentáculos hasta estas naciones, buscaría evitar señalamientos de "violación de la soberanía" en contra de Estados Unidos y se justificaría por la colaboración y el derecho de países del continente que también han sufrido el embate y las afectaciones de los grupos mexicanos del narcotráfico. Sería, nos dice la fuente, una suerte de "fuerza del Escudo de las Américas", la alianza continental promovida por Trump y apoyada por al menos 12 países, entre los que se encuentran los cuatro mencionados, cuyos presidentes están completamente alineados con el gobierno de Trump.

Coincidente con esa versión que llega desde Washington, el presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, declaró el jueves pasado que, en su gobierno, que inicia el 7 de agosto, los cárteles de la droga mexicanos serán declarados "objetivos militares" e incluso les dio un ultimátum para someterse a la justicia colombiana, responsabilizándolos del recrudecimiento de la violencia y el narcotráfico en la región del Cauca.

La respuesta al virtual Presidente de Colombia llegó en la mañanera de ayer, donde la Presidenta de México llamó al próximo gobierno colombiano a "encargarse de su parte". Sheinbaum enfatizó que cada país debe hacerse cargo de los problemas de seguridad dentro de sus propias fronteras, evitando que las diferencias políticas se conviertan en "declaraciones de guerra" y recordó que entre las fuerzas armadas de México y Colombia existe relación de cooperación mutua desde antes del gobierno saliente de Gustavo Petro.

Así que con ocho políticos de Morena que serán declarados "prófugos de la justicia" por Estados Unidos, a los que se sumarán aún muchos otros nombres, y con la amenaza latente de que países hermanos de Centro y Sudamérica se sumen a la guerra declarada por Donald Trump contra los cárteles mexicanos, está claro que, aunque ella se haya negado a reconocer un plazo en las peticiones de detención de la Casa Blanca, el plazo ya se cumplió y eso marcaría el inicio de una escalada estadounidense contra el narco y la narcopolítica mexicana, algo que no terminará nada bien para la ya tensa relación bilateral entre los dos vecinos… Dados rodando. Serpiente Doble.