El soborno que tumbó a Ulises Lara

Detrás de la salida sorpresiva y fulminante de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República hay una historia de corrupción de la que se enteraron la presidenta Claudia Sheinbaum y la fiscal Ernestina Godoy, pero que lejos de investigarla y sancionar al funcionario, decidieron ocultarla, enterrarla y darle a Lara una "salida digna" con su renuncia al cargo "por motivos personales".

Con apenas seis meses como titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes y siendo el hombre de mayor confianza de Godoy, Ulises Lara anunció su decisión de abandonar el cargo sin dar mayores explicaciones, mientras la FGR se limitó a emitir un comunicado hermético en el que no daban ninguna explicación de por qué se iba de manera tan inesperada el colaborador más cercano de Godoy.

Luego se sabría, por la columna del periodista Carlos Loret, que la razón de la sorpresiva renuncia había sido un acto de corrupción en el que Ulises Lara habría recibido un millón de dólares como soborno para que influyera en uno de los litigios de alto nivel que llevaba el fiscal, sin que se dieran más detalles de qué asunto se trataba.

"La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, se presentó con lágrimas en los ojos ante su jefa, la presidenta Claudia Sheinbaum. Llevaba bajo el brazo una vergüenza, una confesión: habían descubierto a su protegido, Ulises Lara, en un acto de corrupción por el equivalente a un millón de dólares. Para la fiscal Ernestina Godoy era un golpe político y un golpe personal. Ella había invertido mucho de su capital político en Ulises Lara para dotarlo de los mejores cargos y oportunidades, a pesar de su paupérrimo historial. Era su discípulo favorito", narró Loret en su columna Historias de Reportero del pasado 23 de septiembre.

Fuentes de la FGR que conocieron de la investigación interna que documentó el acto de corrupción de Lara, confirman que el expediente existe y que tiene que ver con un expediente judicial que abrió la Fiscalía en la disputa legal que existe por la zona de aviación privada del Aeropuerto Internacional de Toluca, en la que la Secretaría de Marina cuestiona y desconoce un convenio firmado entre los dueños originales de los terrenos del aeropuerto y la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (Amait) para la operación de dicha zona de aviación privada.

La Semar, que ahora administra el aeropuerto mexiquense, desconoció dicho convenio y exigió a la empresa Operadora de Aviación General de Toluca (OAG) el pago a cambio de favorecerlos en el caso de una carpeta judicial que la Fiscalía federal judicializó en su contra, ante una jueza federal de Almoloya de Juárez, en la que los acusan de asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude fiscal, como parte del conflicto que la Secretaría de Marina inició en contra de esa empresa a la que le exige el pago de servicios de "seguridad y vigilancia"; uso de rampa, tráfico y despacho de aeronaves; y le exigen pagar el 5% de sus ingresos brutos desde 2006, por "aprovechamiento del aeropuerto".

Ante la negativa de la empresa a pagarle a la Semar los cobros que considera ilegales, se abrió un litigio que comenzó en la vía civil, pero escaló a lo penal cuando la Fiscalía General de la República judicializó, por presiones de la Marina, la causa 39//2025 en la que acusó a los socios de OAG, José Miguel Simón Galindo, Estrella Baz Ceniceros y José Luis Parra Patiño, de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude fiscal. Los acusados denunciaron desde entonces que las denuncias en su contra respondían a las presiones de la Secretaría de Marina para despojarlos del control de la zona privada del Aeropuerto de Toluca.

El pleito legal escaló cuando, según los dueños de OAG, que hoy controlan a las principales empresas de aviación privada que operan en Toluca, aparecieron en todo este pleito dos empresarios de muy alto nivel, que son cercanos al gobierno de la presidenta Sheinbaum y que, aliados con la Semar, pretenden hacerse del control del aeropuerto privado mexiquense. Se trata de Bernardo Gómez, de Grupo Televisa e ICA, y José Miguel Bejos, de Mota Engil-México, quienes buscarían ser favorecidos con una nueva concesión del Grupo Aeroportuario de la Marina para operar la aviación privada en Toluca.

Y fue a partir de que ese pleito escaló y aumentaron las presiones sobre los dueños de OAG que, según las propias fuentes de la FGR, el fiscal Ulises Lara habría pedido a los actuales dueños de la aviación privada que le pagaran un millón de dólares a cambio de ayudarlos en la mencionada causa penal en su contra, pago que habría ocurrido y que, meses después, fue descubierto por la fiscal Ernestina Godoy, quien acudió a denunciarlo ante la Presidenta, quien habría sugerido la separación inmediata del cargo del Fiscal de Asuntos Relevantes, ocurrida el pasado 14 de julio.

Y así, como quien perdona a un niño que hizo una travesura, la Presidenta y la Fiscal habrían acordado en privado y en Palacio Nacional que la mejor salida, para evitar el escándalo de corrupción en la FGR, era mandar a su casa a Ulises Lara, sin que el delito que cometió al aceptar sobornos para manipular una causa judicial hubiera sido plenamente investigado y sancionado al funcionario corrupto.

Hace unos días, en su conferencia matutina, la doctora decía, con toda contundencia, que "cuando una autoridad descubre que se está cometiendo o se cometió un delito, está obligada a denunciarlo y a vigilar que se castigue y sancione por la vía judicial". Y la pregunta entonces es ¿qué fue lo que pasó con los presuntos delitos cometidos por el fiscal Ulises Lara? O será que las dos doctoras, una en Derecho y otra en Ciencias, prefirieron ocultar un presunto delito para darle impunidad al hombre de confianza de Godoy. Pregunta que no tiene más respuesta que la ilegalidad y la complicidad desde el máximo poder… Los dados mandan Escalera Doble. Feliz Puente de Muertos para todos los amables lectores.