Diputados avalan nueva Ley de Aguas entre críticas por centralización
La Cámara de Diputados aprobó la reforma que modifica el régimen de concesiones y el control del agua en México, con 328 votos a favor y protestas de agricultores.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma que sustituye el régimen actual para concesiones, asignaciones y aprovechamiento del agua en México, en una sesión marcada por protestas de agricultores y una confrontación directa entre bancadas.
El dictamen, impulsado por la mayoría de Morena y sus aliados, obtuvo 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones. La reforma expide la nueva Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales, norma vigente desde 1992, para reordenar el control, distribución y sanciones por el uso del recurso hídrico.
El cambio mantiene la prohibición a la transmisión de derechos, pero introduce la figura de Reasignación de Volúmenes, que permitirá a la autoridad evaluar los títulos vinculados a terrenos que cambien de propietario. Estas reasignaciones dependerán del Comité del nuevo Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, encabezado por la Conagua e integrado por diversas secretarías federales.
La reforma también amplía facultades de la Conagua, que podrá emitir medidas permanentes o transitorias para enfrentar emergencias, sobreexplotación o escasez, y reforzará la regulación sobre actividades agrícolas y pecuarias. Se duplica el plazo para que los concesionarios soliciten prórrogas, pasando de uno a dos años antes de su vencimiento. Además, se tipifican nuevos delitos hídricos y aumentan las sanciones económicas por prácticas ilegales, como desviar cauces o ceder agua sin autorización.
Dudas de la Oposición
En el debate, la Oposición acusó un "madruguete" legislativo y cuestionó la centralización del recurso en manos de la Federación. Legisladores del PRI y PAN advirtieron que la prohibición total a la transmisión de derechos generará inseguridad jurídica para productores y ejidatarios, y que el nuevo sistema deja en incertidumbre el futuro de miles de pequeños concesionarios. También señalaron que las facultades discrecionales de la Conagua podrían convertir al agua en un instrumento de control político.
Desde Morena, el argumento principal fue que la reforma busca terminar con el acaparamiento histórico del recurso, frenar los abusos y garantizar el derecho humano al agua. Diputados del bloque oficialista defendieron que el proyecto reconoce actividades agrícolas de sustento familiar, protege a ejidos y pequeña propiedad y permitirá recuperar el control nacional ante décadas de uso irregular y acumulación privada de volúmenes.
El dictamen plantea sanciones que van desde los 244 mil hasta más de 4.5 millones de pesos para quienes cambien el uso del agua concesionada o ceden volúmenes a terceros. También prevé penas de uno a ocho años de prisión por entregar dádivas a funcionarios para obtener concesiones o prórrogas. En caso de reincidencia, las multas aumentarán en una tercera parte y podría revocarse el título correspondiente.
La discusión se desarrolla mientras organizaciones civiles y especialistas advierten que la nueva legislación podría perpetuar elementos del modelo vigente desde la década de 1990. Críticos señalan que la iniciativa concentra el poder en la Conagua, mantiene mecanismos que favorecen grandes usuarios y deja fuera propuestas ciudadanas discutidas en parlamentos abiertos. También cuestionan que el texto no incorpore el mínimo vital gratuito ni mecanismos más estrictos para el acceso equitativo.
