Suprema Corte declara inconstitucional la cadena perpetua en México
La sentencia establece que la cadena perpetua, al negar toda posibilidad de libertad condicional o medidas similares, contradice los principios de reintegración social.
Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes inconstitucional la cadena perpetua al resolver el caso de Juan Carlos Gámez Bernal, condenado por homicidio múltiple en Chihuahua.
El fallo invalida la parte del artículo 127 del Código Penal de Chihuahua que impone prisión vitalicia a responsables de tres o más homicidios. Según la SCJN, esta pena viola el derecho a la reinserción social, garantizado en el artículo 18 de la Constitución desde 2008.
La sentencia establece que la cadena perpetua, al negar toda posibilidad de libertad condicional o medidas similares, contradice los principios de reintegración social, tal como lo explicó el ministro Alfredo Gutiérrez al presentar el proyecto:
"La reinserción social, como fin de la pena, no acepta la idea de que el culpable sea considerado irrecuperable. La prisión vitalicia se opone a esta premisa".
La ministra Loretta Ortiz añadió que la falta de perspectiva para recobrar la libertad afecta gravemente el desarrollo de un proyecto de vida futuro, lo que va en contra del objetivo de la reinserción social.
Consecuencias del fallo
En el caso de Gámez Bernal, la Corte ordenó que, si se confirma su culpabilidad, se le impongan penas acumulativas por homicidio calificado, que oscilan entre 20 y 50 años por cada víctima. Este criterio no deroga el artículo 127 del Código Penal de Chihuahua, ya que el fallo aplica solo al caso concreto.
El fallo podría complicar extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos, donde las condenas de cadena perpetua son comunes. Ahora, México podría exigir a Estados Unidos que garantice no imponer esta pena, como ya lo hace con la pena de muerte.
El caso atrajo atención por las contradicciones con decisiones pasadas. En 2005, la SCJN avaló la cadena perpetua en una votación dividida (6-5), permitiendo extradiciones hacia EU, sin embargo, desde entonces, dos reformas constitucionales (2008 y 2011) reforzaron la primacía de derechos humanos y la reinserción social, transformando el contexto jurídico.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA
