Sheinbaum aborda controversia sobre islas en el Río Bravo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, abordó la controversia sobre la propiedad de islas en el Río Bravo en la conferencia matutina celebrada el 3 de noviembre en Palacio Nacional. La mandataria enfatizó que esta situación está relacionada con el contexto electoral en Estados Unidos, donde se realizarán elecciones intermedias el día de hoy. Sheinbaum subrayó que la decisión sobre la titularidad de estas islas no corresponde al gobierno de Texas, sino que debe ser determinada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que se encarga de dirimir tales asuntos.

Controversia sobre la propiedad de islas en el río Bravo

La controversia surgió tras el anuncio de la Oficina General de Tierras de Texas, que declaró que nueve islas en el Río Bravo forman parte del estado de Texas. Esta determinación se hizo pública el 30 de octubre, luego de una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que busca acceso a estos territorios para llevar a cabo labores de vigilancia y limpieza. Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, argumentó que la falta de claridad sobre la propiedad de estas islas había complicado su supervisión y que el reconocimiento facilitaría el ingreso a estas áreas para mejorar la seguridad fronteriza.

Buckingham también mencionó que este reconocimiento podría ayudar a prevenir que organizaciones criminales utilicen estos territorios para actividades ilícitas, como el tráfico de personas y el contrabando. Sin embargo, reconoció que no hay pruebas contundentes de que las islas se utilicen actualmente para tales propósitos.

Reacción del gobierno mexicano

En respuesta a la decisión del gobierno texano, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece las directrices para determinar la frontera en el Río Bravo. Según este tratado, la frontera sigue el cauce normal del río, y la ubicación de los terrenos con respecto a esta línea divisoria es crucial para establecer a qué país pertenecen. El gobierno mexicano cuestiona la autoridad de un organismo estatal estadounidense para decidir unilateralmente sobre la propiedad de estos territorios, insistiendo en que deben seguirse los mecanismos aprobados por ambas naciones, no resoluciones administrativas locales.

Por su parte, la cancillería subrayó que tanto México como Estados Unidos tienen restricciones para realizar obras que, según la CILA, podrían afectar el flujo del río. Esta comisión, de carácter binacional, tiene la responsabilidad de gestionar las cuestiones relacionadas con la delimitación territorial y el cauce de los ríos compartidos, y es la entidad encargada de aplicar los acuerdos vigentes para resolver la disputa en cuestión.