Puebla tipifica insultos en redes como delito con hasta 3 años de cárcel
La Ley de Ciberseguridad de Puebla castiga hasta con tres años de prisión a quienes insulten u ofendan en redes sociales.
Pese a las advertencias de organismos civiles, en Puebla entró en vigor la Ley de Ciberseguridad, conocida popularmente como 'Ley Censura', que tipifica como delito los insultos, agravios u ofensas emitidas en redes sociales y otras plataformas digitales, con penas de hasta tres años de cárcel.
El nuevo delito, denominado "ciberacoso", quedó oficialmente inscrito en el Código Penal estatal al ser publicado el viernes 13 de junio en el Periódico Oficial del Estado. La redacción del artículo 480 establece sanciones contra quien, de forma insistente, cause daño emocional o físico mediante mensajes ofensivos por medios digitales.
De acuerdo con la legislación, la persona responsable podría enfrentar entre once meses y tres años de prisión, además de multas de 50 a 300 días de salario mínimo. En caso de que la víctima sea menor de edad, las penas se incrementarán hasta en dos terceras partes de su máximo.
La iniciativa fue propuesta en noviembre de 2024 por el entonces diputado José Luis García Parra, hoy coordinador del Gabinete del gobernador Alejandro Armenta. Su aprobación se concretó el 12 de junio en un proceso calificado como "fast track", con 35 votos a favor —principalmente de Morena y sus aliados—, cinco en contra y una abstención.
Organizaciones como Artículo 19, Sociedad Civil México y la Red de Periodistas Puebla han expresado su preocupación por el riesgo de que esta ley se utilice para reprimir la crítica al gobierno y limitar la libertad de expresión.
"Los delitos que incorpora incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión", advirtió Artículo 19, al señalar que la ley carece de precisión legal, no considera el contexto técnico digital y podría criminalizar actividades periodísticas o ciudadanas legítimas.
Desde el Congreso local, diputadas de oposición también cuestionaron la reforma. La panista Susana Riestra alertó que se abre la puerta a una 'Ley Censura', mientras que la priista Delfina Pozos criticó la ambigüedad del delito y la limitada capacidad de la Policía Cibernética estatal, que cuenta con apenas 16 elementos.
En contraste, legisladoras de Morena defendieron la iniciativa. Graciela Palomares aseguró que busca poner un alto a los constantes insultos en redes sociales, de los cuales dijo ser víctima.
El contexto político también ha influido en la controversia. En redes sociales, la aprobación de la ley fue interpretada como un intento por identificar a personas detrás de cuentas anónimas críticas del gobierno, como 'Aldea Poblana', que ha señalado irregularidades del gobernador Armenta y su gabinete.
La senadora panista Laura Esquivel calificó la reforma como una muestra de autoritarismo.
"El gobernador @armentapuebla_ quiere meter a la cárcel a quienes lo cuestionen en redes. ¡La libertad de expresión está en riesgo!", escribió en su cuenta de X.
Por su parte, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) lamentó que la reforma fuera aprobada sin una adecuada consulta ciudadana ni revisión técnica, lo que —advirtieron— puede generar abusos y fallas de implementación.
La nueva legislación también contempla otros delitos como usurpación de identidad, espionaje digital, fraude electrónico, hacking y grooming, todos señalados por expertos como potencialmente imprecisos en su definición legal, lo que podría tener efectos colaterales sobre el ejercicio periodístico y la libertad de investigación.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA
