Cámara de Diputados aprueba por unanimidad la nueva ley contra la extorsión
La medida busca fortalecer la acción del Estado, proteger a víctimas y comercios, y mejorar la coordinación.
Con 456 votos a favor, es decir, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La iniciativa busca fortalecer la acción del Estado frente a un delito que afecta gravemente a familias, comercios y la economía local.
PAN: iniciativa propia retomada por el Ejecutivo
La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna Ayala, subió a tribuna para aclarar que su bancada votará a favor, ya que ellos fueron los primeros en presentar la propuesta.
“Por fortuna la presidenta la retomó. Y digo por fortuna, porque lamentablemente en esta Cámara no pasa nada que no nazca del Ejecutivo o que lo retome”, destacó Luna Ayala.
La diputada recordó que propusieron que el delito de extorsión sea perseguido de oficio y subrayó los riesgos de denunciar:
“No podemos olvidar casos tan dolorosos como el del pasado 20 de octubre, donde fue asesinado Bernardo Bravo, líder limonero que encabezó denuncias contra la extorsión en su región. Ese crimen confirma que denunciar te puede costar la vida”.
Además, destacó que cuando las familias o los comercios pagan para poder vivir o abrir, “el Estado ha fallado o claudicado”.
Legisladoras morenistas destacan impacto social
Jessica Saiden, diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, señaló que la ley responde al clamor ciudadano frente a uno de los delitos que más afecta a las familias mexicanas.
“De acuerdo con las encuestas de victimización, más del 96% de los casos no se denuncian, lo que nos habla de una cifra realmente negra y alarmante. Miles de personas callan por miedo o por represalias”, explicó.
La legisladora detalló que la iniciativa busca poner fin a la fragmentación normativa y fortalecer a las policías estatales y fiscalías locales mediante capacitación tecnológica y coordinación directa con la Federación.
“Se han registrado más de 400 detenciones de presuntos extorsionadores en coordinación con gobiernos estatales. Esto demuestra que la estrategia no es solo normativa, sino que ya está en marcha”, resaltó Saiden.
Posturas críticas y exigencias de resultados
El diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuellar, reconoció la intención de la ley, pero advirtió que llega tarde y con recursos limitados:
“Es una ley que en el papel suena bien, pero que en la práctica llega con muchas dudas e inconsistencias jurídicas. La intención es buena, nadie puede estar en contra de poner un alto a quienes extorsionan”, señaló.
Por su parte, Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano, insistió en que la ley debe ser un cambio real:
“No puede ser una simulación. El Estado debe enfrentar a la delincuencia organizada y dejar de esconderse. Hoy el crimen extorsiona desde la calle y también desde los penales; miles de llamadas salen de centros penitenciarios que deberían estar controlados por el Estado”.
Lo que busca la ley
- Perseguir de oficio el delito de extorsión.
- Fortalecer a policías estatales y fiscalías locales con capacitación tecnológica.
- Mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
- Reducir la cifra negra de denuncias mediante protección a víctimas.
- Unificar criterios normativos que históricamente obstaculizaron la justicia.
Con esta nueva legislación, México busca dar un paso firme para proteger a las familias y comercios afectados por la extorsión, aunque la eficacia dependerá de su implementación y de la voluntad política de las autoridades.
