Diputados aprueban Ley de Economía Digital para reducir uso de efectivo
El dictamen busca ampliar el uso de SPEI, CoDi, tarjetas y códigos QR; además, contempla facultades para que Hacienda determine sectores donde los pagos digitales podrían ser la única modalidad.

La Cámara de Diputados aprobó este martes la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la que se busca ampliar el uso de transferencias, tarjetas, códigos QR y otros medios digitales y reducir gradualmente el uso de efectivo en México.
El dictamen, impulsado por el Ejecutivo federal, fue aprobado en lo general con 330 votos a favor y 122 en contra y posteriormente avalado en lo particular, por lo que será turnado al Senado de la República para continuar con su proceso legislativo.
La propuesta pretende aprovechar infraestructura existente como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y CoDi, con el objetivo de facilitar transferencias inmediatas y ampliar la aceptación de pagos digitales.
Entre las disposiciones planteadas se encuentra que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar infraestructura para recibir pagos electrónicos y digitales en los trámites y servicios que ofrecen.
También establece obligaciones para los proveedores de bienes y servicios, quienes deberán contar con infraestructura para recibir estos medios de pago, informar a los usuarios cuáles tienen disponibles y establecer medidas para atender contingencias que impidan su utilización.
Hacienda podrá definir sectores
Uno de los puntos que generó mayor debate durante la discusión en San Lázaro es la facultad prevista para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales y electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago.
La oposición cuestionó que el dictamen no establezca criterios suficientemente definidos para determinar esos sectores y advirtió que esta facultad podría generar incertidumbre para micro y pequeñas empresas.
La diputada de Movimiento Ciudadano Patricia Flores Elizondo señaló que pequeños comercios podrían enfrentar costos por terminales, códigos QR, conectividad y otros elementos necesarios para adoptar los pagos digitales.
También pidió que el Estado asuma los costos de infraestructura para los pequeños negocios y que se prohíba trasladar las comisiones de las operaciones a los consumidores.
Desde el PAN, Homero Niño de Rivera cuestionó la facultad otorgada a Hacienda para determinar los sectores en los que podrían establecerse pagos exclusivamente digitales y señaló que la propuesta no establece mecanismos de defensa ante posibles decisiones arbitrarias.
El priista Emilio Suárez, por su parte, advirtió que la medida podría ampliar la brecha digital si no se acompaña de infraestructura y mecanismos para garantizar el acceso a los servicios digitales.
CURP Digital y Expediente Digital Ciudadano
Entre las novedades contempladas en la legislación también se encuentra el reconocimiento de la CURP Digital como mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros.
Las personas usuarias podrán utilizarla, o algún otro mecanismo de identificación oficial, ante las entidades financieras para realizar contrataciones digitales.
El dictamen también plantea crear un Expediente Digital Ciudadano, que permitirá consultar y utilizar documentos e información de las personas usuarias y al que se otorgarían efectos jurídicos equivalentes a los documentos físicos.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, defendió la propuesta al señalar que permitirá ampliar gradualmente los medios de pago digitales, reducir costos de transacción y facilitar la participación de personas y empresas en la actividad económica.
La iniciativa también contempla que, cuando una contingencia imposibilite recibir pagos digitales, se permita realizar el pago en efectivo o cheque.
Una vez aprobada por la Cámara de Diputados, la propuesta deberá ser analizada por el Senado antes de que pueda continuar su proceso para convertirse en ley.


