"Ningún partido político puede blindar delincuentes", afirma Sheinbaum
El Gobierno federal advierte que ninguna organización política debe servir como protección para personas vinculadas a la delincuencia organizada, subrayando que la ley se aplica de manera igualitaria para garantizar la cero impunidad en todos los niveles de gobierno y en todas las entidades.
El alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, enfrenta un proceso penal sin el respaldo de su partido tras su detención por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La presidencia federal descarta que la estructura de Morena funcione como un escudo para encubrir actos de corrupción o nexos con el crimen organizado.
Esta captura ocurre en medio de un operativo de inteligencia que confirma la infiltración de grupos delictivos en la administración municipal de la región tequilera, lo que marca una postura de cero tolerancia ante la colusión de servidores públicos con la delincuencia.
"Ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro en el país", declara la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al fijar una postura de distanciamiento total con el edil detenido en Jalisco.
La jefa del Ejecutivo federal sostiene que la ley se aplica de manera equitativa y que la filiación partidista no representa un salvoconducto para evadir la justicia. El Gobierno federal puntualiza que el compromiso con la legalidad exige que los cuadros políticos rindan cuentas cuando existen carpetas de investigación sólidas que los vinculen con actividades ilícitas.
Denuncias ciudadanas detonan investigación federal
La investigación contra el presidente municipal de Tequila surge de un volumen considerable de quejas presentadas directamente ante el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR). Los reportes ciudadanos indican que el actuar de Rivera Navarro compromete la seguridad de los habitantes y facilita las operaciones de una célula criminal dominante en la entidad. Estas denuncias obligan a las instituciones de inteligencia a profundizar en el seguimiento de las actividades del funcionario para sustentar la orden de aprehensión que se ejecuta este viernes.
"Se recibieron muchísimas denuncias al gabinete de Seguridad del gobierno de México y a la Fiscalía General de la República a partir de las cuales inician la investigación", explica la mandataria federal al detallar el origen del caso judicial. El Gobierno federal aclara que la saturación de acusaciones contra el edil morenista detona el intercambio de información entre las áreas operativas, garantizando que el Ministerio Público Federal cuente con elementos probatorios suficientes para judicializar el expediente.
La gravedad de la situación en el municipio de Tequila trasciende a través de quejas directas presentadas por el sector empresarial de la zona ante la autoridad federal. Los testimonios describen un escenario de hostigamiento y presión por parte de grupos criminales bajo el presunto amparo de la administración de Rivera Navarro. Esta información resulta fundamental para que las fuerzas de seguridad federales identifiquen el nivel de control que el CJNG ejerce sobre la presidencia municipal, afectando no solo la paz social sino también la economía local.
"Hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal", revela la presidenta federal al referirse al malestar social generalizado en el municipio jalisciense. El Gobierno federal reitera que la captura del alcalde Diego Rivera Navarro representa una respuesta directa al clamor de la población que exige instituciones libres de nexos criminales. La fiscalización de los ayuntamientos y la depuración de las policías locales continúan como parte de la estrategia nacional para debilitar las estructuras de la delincuencia organizada en este 2026.
