Inés Gómez Mont: FGR rastrea 178.7 millones en dos cuentas
Inés Gómez Mont recibió 178 millones 723 mil 428.06 pesos mediante 27 transferencias sin facturas ni contratos de dos compañías, recursos vinculados con lavado de dinero mientras sigue detenida en Florida, revelaron documentos de la FGR.

Inés Gómez Mont recibió 178 millones 723 mil 428.06 pesos en dos cuentas bancarias a su nombre mediante 27 movimientos procedentes de dos empresas, según documentos de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que consultó y difundió El Financiero entre el 21 y el 22 de noviembre de 2026.
Las autoridades federales vincularon ese dinero con los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR reconoció públicamente que la exconductora de televisión gozaba de presunción de inocencia y que correspondía a los tribunales mexicanos definir su responsabilidad.
La indagatoria surgió de una denuncia anónima y apuntó a que Gómez Mont carecía de vínculos contractuales con ambas firmas, además de que no existían facturas ni comprobantes de servicios para justificar los pagos.
La Fiscalía sostuvo que las transferencias formaron parte de un presunto esquema de empresas factureras y simulación de contratos públicos con daño patrimonial al Estado mexicano, a la par de analizar posibles mecanismos para ocultar el origen y destino de los fondos.

Desglose de depósitos
El expediente detalló que los recursos ingresaron a las cuentas de la exconductora a través de dos compañías:
Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, S.A. de C.V.: Efectuó 12 depósitos de 7 millones 395 mil pesos cada uno, que sumaron 88 millones 740 mil pesos.
Gupea Construcciones, S.A. de C.V.: Realizó 14 depósitos de 6 millones 348 mil 816.29 pesos, equivalentes a 88 millones 883 mil 428.06 pesos, más otro movimiento de 1.1 millones de pesos hacia una segunda cuenta, para un total de 15 movimientos por 89.98 millones de pesos.
El proceso contra Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tuvo como antecedente una carpeta abierta en noviembre de 2019 por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
En el comunicado 026/22 del 20 de enero de 2022, la FGR informó que investigaba a diversas personas y siete empresas por dos contratos que sumaron 2 mil 950 millones de pesos con el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, durante la administración de Enrique Peña Nieto. Los documentos difundidos no precisaron el vínculo directo entre ambos montos.

Detención en Florida
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Gómez Mont el 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida, por su estatus migratorio, tras casi cinco años fuera de México.
La fiscal general, Ernestina Godoy, expuso el 2 de noviembre que existían tres órdenes de aprehensión vigentes emitidas por jueces federales: una por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos por defraudación fiscal equiparada.
Godoy aclaró que el arresto en Estados Unidos respondió a la situación migratoria y no a esas órdenes, aunque aseguró que la FGR las ejecutaría de inmediato si las autoridades estadunidenses determinaban su deportación, tras la solicitud de detención provisional con fines de extradición que México presentó en septiembre de 2025.
Un día después de la captura, la defensa promovió un recurso de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida para revisar la legalidad de la detención y evitar un traslado, bajo el argumento de que una de sus hijas recibía tratamiento médico.
El 5 de noviembre, el juez Jeffrey T. Kuntz rechazó la petición e indicó que ese recurso no era la vía para impugnar condiciones de confinamiento, por lo que correspondía a Gómez Mont solicitar una audiencia de fianza ante la autoridad migratoria. Reportes señalaron que la exconductora permaneció en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó el 10 de noviembre que la FGR realizaba los trámites para traerla a México, sin precisar si sería mediante deportación o extradición. Mientras tanto, Álvarez Puga, detenido por autoridades migratorias el 24 de septiembre de 2025 y liberado bajo fianza a finales de ese año, mantuvo un procedimiento activo en Estados Unidos con audiencia programada para noviembre.


