Gobernador de Puebla justifica Ley de Ciberseguridad tras críticas
El gobernador Alejandro Armenta afirmó que la Ley de Ciberseguridad tiene como fin proteger a la ciudadanía ante el auge de los ciberdelitos.
Tras la ola de críticas que desató la reciente aprobación de la Ley de Ciberseguridad en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta defendió este lunes que la norma no pretende limitar la libertad de expresión, sino responder al incremento de delitos digitales en el estado.
En entrevista con medios locales, el mandatario morenista aseguró que la legislación, a la que sectores de oposición y organizaciones civiles han bautizado como 'Ley Censura', busca proteger a mujeres, menores de edad y ciudadanos en general ante riesgos como el robo de identidad, corrupción de menores y trata de personas.
"Lo que se está haciendo es proteger a los niños, a las mujeres, proteger la identidad, que hoy con los ciberdelitos cualquier persona puede manipular su sistema financiero", argumentó Armenta, tras recordar que Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional en delitos cibernéticos.
El gobernador celebró que el Congreso local haya aceptado su propuesta de abrir foros públicos para revisar el impacto de la legislación, que fue publicada el pasado viernes en el Periódico Oficial del Estado e incluye reformas al Código Penal para tipificar el delito de ciberacoso, con sanciones de hasta tres años de prisión.
"El espíritu del legislador nunca es generar un limitante a las libertades. Si en el proceso existe alguna posibilidad de enriquecimiento de la ley, estoy seguro de que los diputados van a enriquecerla", expresó.
Armenta calificó la norma como una medida "vanguardista" frente a los desafíos digitales de la actualidad y afirmó que el análisis técnico y científico de la legislación continuará en diálogo con diversos sectores sociales.
Por su parte, la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, respaldó la aprobación de la reforma al argumentar que numerosos casos de ciberacoso no podían ser perseguidos por la falta de una figura legal específica.
La presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, anunció que los foros ciudadanos iniciarán este jueves. Aseguró que el Poder Legislativo está abierto a realizar ajustes, siempre que estén fundamentados.
A nivel federal, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también se pronunció a favor de revisar la nueva ley con participación de periodistas, padres de familia y especialistas.
Críticas por ambigüedad y posibles excesos
Pese a los argumentos del gobierno poblano, organizaciones como Artículo 19 y Sociedad Civil México han advertido que la ambigüedad en términos como “insulto” y la severidad de las sanciones podrían abrir la puerta a abusos y criminalización de la crítica en redes sociales.
Estas preocupaciones se amplifican luego de que la reforma fuera aprobada el 12 de junio en un proceso considerado de "fast track" por partidos de oposición, con 35 votos a favor —principalmente de Morena y aliados—, cinco en contra y una abstención.
"Esta ley puede ser utilizada para acallar a activistas, periodistas o ciudadanos que critiquen al gobierno", advirtió Artículo 19, al recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la libertad de expresión protege discursos que pueden resultar ofensivos, siempre que no inciten a la violencia o al odio.
