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Dejan abandonada residencia ligada a red de contratos del INE

La residencia de El Pedregal donde presuntamente se pactaban sobornos y contratos de material electoral permaneció cerrada, sin custodia y sin sellos de aseguramiento de la FGR ni de la ASF a más de un mes de revelarse el caso, constató La Jornada.

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La residencia ubicada en la calle Picacho 259, en El Pedregal, Ciudad de México, permaneció abandonada, sin vigilancia y sin sellos de aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a más de un mes de que salió a la luz la presunta red de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), constató La Jornada en un recorrido.

El inmueble, propiedad del empresario José Alfredo Hernández Casillas, fue señalado como el sitio donde se pactaban acuerdos irregulares en torno a la trama que presuntamente encabezaban el contratista y la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Durante la inspección en el lugar, el diario observó la vivienda cerrada, sin personal de custodia en los accesos peatonal y vehicular, con polvo acumulado en los portones y hojas secas amontonadas en las banquetas.

Dejan abandonada residencia ligada a red de contratos del INE

Contratos de material electoral y presuntos sobornos

De acuerdo con grabaciones difundidas en internet y contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, el INE y decenas de organismos públicos locales electorales (OPLE) adjudicaron al menos 49 contratos a empresas vinculadas a esta red entre 2018 y el año pasado

Esas contrataciones sumaron mil 450 millones 443 mil 771.40 pesos destinados a la compra de material electoral, entre ellos urnas, boletas y mamparas.

En el domicilio de El Pedregal se habrían definido los montos de los sobornos o “comisión” que presuntamente correspondían a Taddei y a Hernández Casillas por la entrega de esos contratos, además de acordarse la designación de titulares de los OPLE.

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Indagatorias de la FGR y hallazgos de la ASF

Mientras la FGR integró diversas carpetas de investigación a través de tres fiscalías especializadas sin detallar oficialmente los avances recabados, la ASF aseguró que ya contaba con testigos dispuestos a aportar información sobre la red.

Las auditorías del órgano fiscalizador establecieron que las contrataciones del INE y de otros entes públicos —principalmente institutos electorales— se concentraron en dos conglomerados empresariales.

El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, identificó a ambos grupos como GHC, vinculado a los hermanos Hernández Casillas, y GC, según una presentación entregada al Congreso en octubre pasado.

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El organismo auditor detectó que la facturación conjunta de ambos grupos alcanzó 8 mil 870.3 millones de pesos, cifra que se concentró principalmente en operaciones con institutos electorales.

Pese a que las autoridades presumieron que en la propiedad de Picacho 259 se celebraban encuentros entre funcionarios y contratistas, el inmueble continuó sin resguardo oficial ni sellos visibles de investigación.

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Frank Ramos

Información de servicio y actualidad para las familias de Hermosillo y Sonora.

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