Ministra aclara que juicio político contra Samuel García continúa
María Estela Ríos explicó que la suspensión concedida por la Suprema Corte únicamente impide ejecutar una eventual destitución o inhabilitación del gobernador de Nuevo León mientras se resuelve la controversia constitucional.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos, aclaró este martes que la suspensión concedida al gobernador de Nuevo León, Samuel García, no detiene el juicio político en su contra, sino únicamente impide ejecutar una eventual sanción mientras se resuelve la controversia constitucional.
La integrante del máximo tribunal emitió un pronunciamiento luego de que la resolución dada a conocer el lunes generó interpretaciones de que el procedimiento legislativo había quedado suspendido.
Ríos explicó que la medida cautelar concedida dentro de la Controversia Constitucional 386/2026 permite al Congreso de Nuevo León continuar con la sustanciación y el trámite del juicio político, aunque no podrá ejecutar una eventual destitución o inhabilitación del mandatario estatal hasta que la Suprema Corte resuelva el fondo del asunto.
"Con relación al incidente de suspensión derivado de la Controversia Constitucional 386/2026, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, se aclara que la suspensión concedida no paraliza el procedimiento de juicio político correspondiente", señaló la ministra.
Añadió que la suspensión tiene como único propósito preservar la materia del juicio constitucional mientras el máximo tribunal analiza la legalidad del procedimiento promovido contra el gobernador.
El acuerdo, notificado el 13 de julio, establece que el Congreso local puede continuar con las actuaciones del juicio político, pero cualquier resolución que implique separar a Samuel García del cargo o inhabilitarlo permanecerá sin efectos hasta que exista una sentencia definitiva.
La ministra sostuvo que permitir la ejecución de una eventual sanción podría afectar la continuidad del Poder Ejecutivo estatal y ocasionar un daño de difícil reparación en caso de que la Suprema Corte falle posteriormente a favor del Gobierno de Nuevo León.
Asimismo, precisó que la determinación tiene un carácter "estrictamente jurídico y no de naturaleza política", al sustentarse en la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución y en precedentes emitidos por la propia Suprema Corte.
Samuel García promovió la controversia constitucional para impugnar el procedimiento de juicio político iniciado por el Congreso de Nuevo León a partir de una denuncia presentada por Morena por presuntos actos de corrupción.
Mientras la SCJN resuelve el fondo del asunto, el Congreso podrá continuar con el procedimiento legislativo, aunque no podrá aplicar una eventual sanción contra el gobernador.
