Senado aprueba reforma para prohibir el buró laboral

El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo para prohibir el uso del "buró laboral".

El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para erradicar las prácticas corporativas que condicionan el acceso al empleo mediante el uso del "buró laboral".

El dictamen avanzó a la Cámara de Diputados para su respectivo análisis y eventual ratificación.

La modificación legal prohíbe estrictamente el empleo de sistemas de registro que utilicen y difundan datos personales sensibles de los trabajadores.

Las empresas recurren habitualmente a estas bases de datos no oficiales para filtrar aspirantes, restringiendo las posibilidades de contratación por razones completamente ajenas a las calificaciones y habilidades requeridas para ocupar una vacante.

El dictamen legislativo detalla que el "buró laboral" opera al margen de la legalidad mediante la recopilación sistemática de información proveniente de los centros de conciliación y los tribunales laborales en el país. Diversas empresas privadas extraen los registros de cualquier ciudadano que presentó una demanda contra la patronal, sin importar el veredicto final o el resultado del proceso, para posteriormente empaquetar y ofrecer esta información a agencias de colocación y departamentos de recursos humanos corporativos.

El senador Saúl Monreal puntualizó durante su intervención que la propuesta corrige una injusticia estructural invisibilizada durante años en el mercado de trabajo nacional. El legislador promotor del cambio argumentó que el acceso al trabajo no puede condicionarse por la existencia de "listas negras", ya que vetar a un ciudadano por haber ejercido previamente sus derechos laborales transforma el proceso de selección de talento en un mecanismo directo de discriminación.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presentó el dictamen oficial en la tribuna y resaltó la obligación ineludible del Estado mexicano de garantizar el acceso al empleo de manera equitativa.

La iniciativa de reforma al artículo 133 enfatiza que las contrataciones deben basarse estrictamente en las capacidades, aptitudes y méritos de los aspirantes, eliminando de tajo cualquier limitación que impida la permanencia en un trabajo derivada de renuncias, despidos o conflictos legales del pasado.