Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años desde diciembre

El gobierno de Australia avaló una iniciativa legislativa que transformará el ecosistema digital del país al prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. La medida entrará en vigor el próximo 10 de diciembre, fecha en la que millones de adolescentes perderán la capacidad de mantener cuentas activas en las principales plataformas de interacción global.

La restricción abarca aplicaciones de alto tráfico como Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, Snapchat, X (antes Twitter), YouTube y Twitch. Esta disposición se integra en la Ley de Seguridad en Línea, una normativa diseñada por las autoridades para mitigar riesgos digitales como el ciberacoso, el contacto con desconocidos, la exposición a material inapropiado y el consumo excesivo de tiempo en pantalla.

Datos oficiales estiman el impacto inmediato de la regulación. En Australia existen aproximadamente 350 mil cuentas de Instagram y más de 150 mil perfiles de Facebook pertenecientes a usuarios de entre 13 y 15 años. Todos estos perfiles enfrentarán un bloqueo sistemático conforme se cumpla el plazo establecido por la legislación.

Cuentas bloqueadas

Meta, la empresa matriz de Instagram, Facebook y Threads, inició el envío de notificaciones preventivas a los usuarios afectados. El aviso informa que las cuentas de este grupo demográfico dejarán de ser visibles tanto para sus propietarios como para terceros. La compañía tecnológica aclaró que los perfiles podrán reactivarse y recuperarse íntegramente una vez que el usuario cumpla los 16 años.

Por su parte, YouTube, propiedad de Google, también deberá acatar la orden de bloqueo. La empresa expresó su inconformidad ante la medida, argumentando que la prohibición podría dejar a los adolescentes en una posición de mayor vulnerabilidad al orillarlos a navegar sin cuentas registradas, lo que deshabilita los controles parentales y filtros de seguridad personalizados.

La legislación establece consecuencias financieras severas para el incumplimiento corporativo. Las empresas que no implementen “medidas razonables” para verificar la edad de los usuarios enfrentarán sanciones de hasta 32 millones de dólares. Los mecanismos de verificación contemplados incluyen revisiones de datos declarados, sistemas de terceros aprobados por el gobierno y tecnologías biométricas de carácter voluntario.

Impacto social

El objetivo gubernamental es eliminar cualquier cuenta activa de menores de 16 años en las plataformas designadas para la fecha límite. Sin embargo, la implementación ha generado inquietud entre los padres de familia. Algunos tutores señalan que el cierre de cuentas dificulta la supervisión digital, ya que las herramientas de control parental suelen vincularse a perfiles activos.

Esta situación ha derivado en que algunas familias opten por crear cuentas utilizando los datos de los adultos para no perder la capacidad de monitorear el contenido que consumen sus hijos. En contraste, un sector de los adolescentes respalda la decisión, argumentando que disminuirá la presión social por mantener una presencia constante en línea.

La medida ha detonado un debate nacional con posturas encontradas. Anika Wells, ministra de Comunicaciones, defendió la ley afirmando que si las plataformas admiten contener material no apto para menores, su obligación es reforzar los candados de acceso. Activistas contra el acoso digital también han manifestado su apoyo a la política restrictiva.

Desafíos legales

No obstante, la oposición política y diversos sectores civiles critican el diseño de la ley, advirtiendo sobre posibles consecuencias no deseadas. Entre los efectos colaterales se reporta la salida del país de algunos creadores de contenido jóvenes, quienes se ven imposibilitados para gestionar las cuentas que constituyen su fuente de trabajo.

Adicionalmente, el marco legal enfrenta retos jurídicos inmediatos. Dos adolescentes presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Australia, alegando que la prohibición vulnera su derecho a participar en conversaciones políticas y comunitarias. Mientras tanto, expertos en tecnología advierten sobre el probable aumento en el uso de redes privadas virtuales (VPN) y cuentas falsas para evadir los controles estatales.