Estados demandan política arancelaria de Trump
Veinticinco estados acusan a la Casa Blanca de exceder sus facultades legales.
Una coalición de 25 estados gobernados por demócratas demandó este lunes al Gobierno del presidente Donald Trump al considerar que la nueva política arancelaria aplicada por la Casa Blanca excede las facultades legales del Ejecutivo y busca reemplazar de forma indebida los gravámenes que fueron anulados por la Corte Suprema.
La demanda impugna los aranceles de entre 10% y 12.5% impuestos desde el 24 de julio a cerca de 60 socios comerciales de Estados Unidos y a la Unión Europea, bajo el argumento de que permiten la importación de productos elaborados con trabajo forzado.
Los estados sostienen que la administración utilizó de manera ilegal la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer gravámenes generalizados sin demostrar una relación directa entre las prácticas denunciadas y las medidas comerciales adoptadas.
"Después de perder en la Corte Suprema, la administración vuelve a intentar aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles", afirmó la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Reacciones oficiales y contexto legal de la demanda
La coalición argumenta que las investigaciones realizadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) fueron apresuradas y constituyeron "un esfuerzo simulado e ilegal" para otorgar al presidente un poder arancelario sin restricciones.
El Gobierno de Trump defendió la medida y aseguró que la Sección 301 permite responder a prácticas comerciales que perjudican a los trabajadores estadounidenses. La Casa Blanca afirmó que los aranceles buscan presionar a los países que no combaten de forma efectiva el uso de trabajo forzado en sus cadenas de suministro.
La nueva demanda se suma a otras dos presentadas por pequeñas empresas ante el Tribunal de Comercio Internacional, que también cuestionan la legalidad de los gravámenes. Especialistas consideran que el caso pondrá a prueba el alcance de la Sección 301, utilizada por Trump durante su primer mandato para imponer aranceles a China, aunque advierten que el precedente jurídico es distinto al de los gravámenes anulados por la Corte Suprema a principios de este año.
