Niega Estados Unidos permiso especial a Durazo y Villarreal

Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, carecen de un permiso especial de entrada a los Estados Unidos. Esta resolución oficial descarta los reportes recientes que señalaban el otorgamiento de un beneficio migratorio tras una presunta cancelación de visas.

La confirmación surge luego de que un medio nacional solicitara información oficial sobre la posible emisión de un Permiso Parole por Beneficio Público Significativo. A través de un correo electrónico, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalló que tras realizar una búsqueda en sus registros, el resultado fue negativo.

“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no han sido [beneficiados con tal permiso]”, precisó la dependencia estadounidense. Para emitir esta respuesta, la autoridad migratoria revisó directamente las bases de datos de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) e Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El estatus migratorio de los mandatarios generó controversia tras una publicación periodística internacional que afirmaba el retiro de visas y la concesión de un acceso extraordinario. Ambos funcionarios estatales rechazaron previamente que sus documentos de viaje tradicionales enfrentaran algún tipo de restricción.

Criterios del beneficio migratorio

Este recurso legal opera como un perdón a la deportación para personas extranjeras consideradas inadmisibles bajo los procesos regulares. La normativa dicta reglas estrictas para su eventual otorgamiento:

•  Permite la entrada o permanencia temporal en territorio estadounidense sin necesidad de presentar una visa.
•  Su aprobación recae en una decisión y análisis estrictamente discrecional por parte de las autoridades.
•  Exige que la presencia del individuo proporcione “un beneficio reconocido al gobierno, al interés público o a la seguridad nacional”.

Sobre los cuestionamientos directos del visado regular de los gobernadores, el DHS redirigió las consultas hacia la instancia diplomática correspondiente, señalando de forma textual: “Para cualquier pregunta sobre sus visas, les remitimos al Departamento de Estado”.

Un portavoz del Departamento de Estado explicó que la verificación de antecedentes migratorios se mantiene como un trámite ininterrumpido. “Tras la emisión de una visa, si el Departamento tiene conocimiento de información nueva y potencialmente desfavorable, un funcionario consular la revisa para determinar si el solicitante sigue siendo elegible”, puntualizó el vocero de la dependencia.

Contexto en la frontera y procesos judiciales

Durante una entrevista con el medio nacional que solicitó los datos, el periodista Steve Fisher detalló los movimientos fronterizos del mandatario tamaulipeco. El comunicador relató ingresos por puertos oficiales donde el funcionario recibió acompañamiento, aunque fue cauto sobre el alcance de esta información.

“Lo que sí puedo decir es que el gobernador de Tamaulipas, a veces, cuando llega a la frontera, autoridades de Estados Unidos lo reciben ahí y lo escoltan a su destino. Pero tampoco estoy diciendo que él está cooperando con autoridades”, indicó Fisher al referirse a la dinámica en los cruces binacionales.

La revisión migratoria coincide con un periodo de escrutinio por el avance de procesos judiciales en las cortes estadounidenses. Las autoridades de procuración de justicia del país vecino presentaron cargos contra una decena de actores políticos mexicanos para combatir las redes criminales transnacionales.

Entre los expedientes recientes destaca la entrega voluntaria de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien enfrenta un proceso penal en Nueva York. De manera simultánea, autoridades federales en México declinaron ejecutar detenciones preventivas contra otros perfiles señalados, argumentando falta de solidez en la evidencia compartida desde el extranjero.