"Que den un paso adelante para no hacerlo nosotros": EU a México
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció la colaboración de México en el combate al narcotráfico, pero exigió al gobierno federal incrementar los esfuerzos de seguridad para evitar que las autoridades estadounidenses tengan que intervenir directamente en el país.
El gobierno de Estados Unidos exige a las autoridades mexicanas incrementar los esfuerzos operativos en la lucha contra los cárteles de la droga para evitar una intervención extranjera directa.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, reconoce una "colaboración sin precedentes" por parte de México, pero advierte sobre la necesidad inmediata de intensificar las acciones de seguridad en el territorio nacional.
Durante una comparecencia ante la Cámara de Representantes, el funcionario estadounidense responde a los cuestionamientos sobre la amenaza creciente que representan las organizaciones criminales y la implementación de tácticas avanzadas, como el uso de drones.
En este escenario, Hegseth lanza un llamado directo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y a la Secretaría de Marina (Semar) para consolidar su rol como socios estratégicos e incrementar su efectividad.
El encargado de la política bélica de Washington subraya que la administración federal espera que México asuma su responsabilidad total en el combate al narcotráfico para evitar que el gobierno norteamericano ejecute estas tareas por cuenta propia.
Esta postura se alinea estrictamente con la agenda de presión que mantiene el presidente Donald Trump sobre las autoridades mexicanas para garantizar la seguridad regional.
La escalada de declaraciones se produce una semana después de que el mandatario estadounidense advirtiera públicamente que su administración actuará de manera unilateral si México no logra controlar los índices de violencia.
Días más tarde, Trump afirmó sin reservas que los cárteles de la droga gobiernan en diversas regiones del territorio mexicano, asegurando que ninguna autoridad ejerce un control real sobre estas zonas.
La presión diplomática coincide con el avance de procesos judiciales de alto nivel en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La dependencia hace públicas las acusaciones formales contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales.
Los cargos federales imputados incluyen conspiración para el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, confirma que el sistema de justicia norteamericano prepara nuevas acusaciones contra servidores públicos mexicanos implicados en redes de protección institucional.
La fiscalía sustenta esta estrategia en la potencial cooperación de líderes criminales detenidos en prisiones de alta seguridad estadounidenses, incluyendo a Ovidio y Joaquín Guzmán, exlíderes de la facción de Los Chapitos, quienes aportarían información relevante para desarticular las estructuras de corrupción en México.
