Parlamento de Israel aprobó ley de pena de muerte para condenados
Los legisladores israelíes aprobaron una ley que permite aplicar la pena de muerte por ahorcamiento a personas condenadas por ataques mortales catalogados como terrorismo.
Los legisladores israelíes aprobaron una ley que permite aplicar la pena de muerte a los condenados por ataques mortales catalogados como actos de terrorismo.
El pleno parlamentario avaló la medida este lunes con 62 votos a favor y 48 en contra, estableciendo un nuevo marco penal que afectará principalmente a la población palestina y que generó el rechazo inmediato de países europeos y grupos defensores de los derechos humanos.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, impulsó esta legislación que marcó la culminación de años de campaña por parte de las facciones de ultraderecha para endurecer las penas contra los palestinos condenados por delitos nacionalistas.
El primer ministro, Benjamin Netanyahu, señalado en los reportes internacionales como prófugo de la Corte Penal Internacional, acudió en persona a la cámara legislativa para emitir su voto a favor del dictamen.
Tras la aprobación de la medida, el pleno de la cámara estalló en vítores. El ministro Ben-Gvir alzó una botella en señal de celebración por el resultado legislativo, mientras que Netanyahu permaneció impasible desde su escaño durante el anuncio de los votos.
La nueva ley estableció la pena de muerte por ahorcamiento como el castigo por defecto para los palestinos de la zona de Cisjordania reocupada que resulten condenados por asesinatos de índole nacionalista. De igual forma, el documento otorgó a los tribunales israelíes la facultad legal para imponer la pena capital o la cadena perpetua a sus propios ciudadanos en caso de incurrir en estos delitos. El marco jurídico precisó que esta normativa careció de carácter retroactivo, limitando su aplicación única y exclusivamente a los casos que ocurran en el futuro.
Diversos grupos de derechos humanos, tanto israelíes como palestinos, condenaron duramente la medida parlamentaria. Las organizaciones civiles argumentaron que la legislación resultó racista y draconiana, y advirtieron que la implementación de este castigo extremo difícilmente logrará disuadir a los atacantes de cometer actos violentos en la región.
