Donald Trump lanza golpe de 70 mil dólares a universitarios extranjeros
Las universidades en Estados Unidos tendrían que pagar 70 mil dólares por cada alumno internacional que busque integrarse al mercado laboral, según una propuesta para endurecer las políticas migratorias y frenar las contrataciones.

Las universidades estadounidenses deberán pagar 70 mil dólares por cada alumno extranjero que solicite empleo en el país. Esta tarifa forma parte de una propuesta del gobierno de Donald Trump diseñada para frenar la matrícula internacional.
El pago recaerá en las instituciones educativas que inscriban estudiantes en el programa de capacitación práctica opcional, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.
Este programa facilita que los universitarios obtengan empleos afines a sus especialidades durante su periodo de clases o al concluir sus carreras en territorio estadounidense.
La iniciativa fija los siguientes cobros exactos para las escuelas:
- 70 mil dólares por el ingreso de un nuevo estudiante al sistema
- 30 mil dólares para renovar el trámite
Impacto en el sector tecnológico
Los alumnos extranjeros pueden trabajar un año tras su graduación. Las ramas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas cuentan con una extensión de dos años bajo este esquema.
La tarifa impactará los ingresos de las universidades que reclutan matrículas en el exterior. Las empresas del sector tecnológico enfrentarán un escenario similar al depender de estos perfiles para cubrir puestos especializados.
Ahuyentar el talento, las perspectivas y las aspiraciones de los estudiantes internacionales solo perjudicará la innovación estadounidense, el crecimiento económico, el desarrollo de la fuerza laboral y el liderazgo global
El Departamento de Seguridad Nacional argumentó que la medida responde al fraude de visas y frena una vía de acceso para mano de obra extranjera barata, según un documento oficial de la dependencia.
Historial de medidas migratorias
El gobierno someterá la propuesta a 60 días de comentarios públicos antes de su ejecución. Grupos empresariales y de educación superior alistan impugnaciones legales para retrasar el proceso en los tribunales.
Esta estrategia se suma a los intentos recientes por reconfigurar la educación universitaria. La administración federal canceló el estatus legal de miles de alumnos extranjeros el año pasado, lo que derivó en múltiples detenciones y deportaciones.
Un tribunal bloqueó en septiembre pasado otra normativa que limitaba a cuatro años la estancia de los estudiantes internacionales. La acción judicial ocurrió tras los reclamos de líderes del sector educativo que señalaban el daño operativo para los planes de estudio.


