Trump autoriza ataques militares contra cárteles considerados terroristas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden secreta que permite al Ejército actuar contra cárteles de droga en el extranjero. La medida incluye posibles operaciones militares y plantea dudas legales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado al Departamento de Defensa a llevar a cabo operaciones militares directas contra cárteles de la droga designados como organizaciones terroristas extranjeras, según reportó el diario The New York Times.
La orden, emitida de forma confidencial, establece las bases legales para permitir intervenciones armadas en alta mar o en territorio extranjero. Esta decisión marca un giro en la política de seguridad nacional al tratar a los cárteles del narcotráfico como amenazas similares a grupos terroristas como Al-Qaeda o ISIS.
¿Qué implica esta orden?
De acuerdo con fuentes citadas por el medio estadounidense, las fuerzas armadas ya trabajan en planes para ejecutar estas operaciones. La intención es ampliar la capacidad de acción del gobierno estadounidense frente a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), previamente designadas como grupos terroristas en febrero.
Sin embargo, el uso del Ejército fuera de un conflicto armado aprobado por el Congreso genera preocupación entre expertos legales, especialmente sobre el estatus de civiles presuntamente involucrados en actividades delictivas y el riesgo de violaciones al derecho internacional.
Argumento de seguridad nacional
“La principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria”, declaró Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca, mediante un correo electrónico. Añadió que esta decisión busca ampliar las herramientas para enfrentar la crisis del narcotráfico y sus efectos, incluyendo la epidemia de sobredosis por fentanilo.
El Departamento de Defensa no ha emitido comentarios oficiales sobre la orden.
¿Base legal o acción unilateral?
Según el reporte, la autorización para utilizar la fuerza militar después del 11-S no cubre a los cárteles. Por tanto, esta nueva directiva se sustentaría en la facultad constitucional del presidente para proteger la seguridad nacional, lo que podría derivar en una disputa legal si se ejecutan acciones sin respaldo legislativo.
