Cómo la ley para reducir el uso de efectivo afectará a la industria de las apuestas

El martes 20 de octubre de 2026, el Senado aprobó, con 72 votos a favor, la ley para impulsar los pagos electrónicos, formalmente denominada Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que busca reducir gradualmente el uso de efectivo en las compras y en los trámites con el gobierno. Pagar la gasolina o la caseta con tarjeta o código QR es una opción para el automovilista, y el texto pretende que deje de serlo en los sectores que defina la Secretaría de Hacienda.

El efectivo tiene, además, un peso particular en una industria vigilada debido a los grandes movimientos de dinero. En noviembre de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones de alto riesgo en 13 casinos, entre ellas movimientos de efectivo, y entre enero y mayo de 2026 se presentaron 202,045 reportes ante la UIF por actividades de juego con apuestas.

Hoy, separamos el caso de las salas presenciales del de las plataformas en línea y revisamos qué quedó definido en la ley y qué depende de decisiones pendientes por parte de Hacienda.

Qué establece la Ley de Economía Digital

La ley reconoce como pagos digitales las tarjetas de débito y crédito, las transferencias, los códigos QR, los dispositivos NFC y las domiciliaciones, y obliga a las dependencias federales, estatales y municipales a aceptarlos en sus trámites y servicios. Para el sector privado, una nota de Bloomberg Línea identifica como pieza central la lista de sectores que decida Hacienda, porque en los sectores elegidos el pago digital podrá ser la única forma aceptada y el efectivo quedará reservado para contingencias que impidan las transacciones electrónicas.

Una vez que la ley entre en vigor, Hacienda tendrá 15 días hábiles para publicar los primeros sectores, y las autoridades de cada uno otros 15 días hábiles para emitir sus reglas y definir plazos de transición.

El punto de partida es exigente, pues un análisis de Expansión señala que la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI registra que el 85% de los adultos paga en efectivo las compras inferiores a 500 pesos. Analistas como Ángel García, de HR Ratings, consideran prematuro medir el efecto de la ley mientras no existan las reglas secundarias, que fijarán obligaciones, plazos y excepciones para cada sector.

Los casinos físicos y el efectivo

El universo presencial es amplio, porque la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA) reportó 423 casinos en operación en agosto de 2026, en 30 entidades y a cargo de 38 empresas permisionarias, con unos 200 mil empleos directos e indirectos.

Ni el texto aprobado ni las notas que lo analizan mencionan los casinos ni los juegos de apuestas, de modo que el efecto sobre las salas presenciales depende de que Hacienda incluya la actividad en su lista de sectores.

El efectivo, además, ya tiene límites en el juego, pues la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prohíbe pagar en efectivo los boletos para participar en juegos con apuesta y los premios cuando el monto llega a 3,210 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), unos 376,565 pesos con el valor de 2026, incluso si el pago pasa por una institución financiera.

Las salas presenciales deben además identificar a los clientes en operaciones desde 325 UMA, unos 38,126 pesos, y presentar avisos a la UIF desde 645 UMA, unos 75,665 pesos. Los umbrales conviven con una vigilancia que se endurece, y un reporte de Infobae recoge que Hacienda publicó en agosto de 2026 nuevas reglas antilavado con enfoque basado en el riesgo, que alcanzan a los juegos de apuestas y entran en vigor el 30 de noviembre de 2026.

Si Hacienda incluyera el juego en su lista, los casinos presenciales tendrían que habilitar cobros con tarjeta o por transferencia en cajas y máquinas dentro de los plazos de transición que fije la autoridad del sector, con la ventaja de que cada pago digital deja un registro que podría facilitar la verificación del origen de los recursos. Si no lo hiciera, las salas seguirían operando con efectivo bajo los umbrales vigentes, con la misma presión de supervisión que ya enfrentan.

Qué cambia para el juego en línea

En el juego en línea, la operación se realiza a través de internet, así que la ley no obligaría a modificar el fondo de cómo se deposita o se retira el dinero. Las reglas que pesan son otras, entre ellas el permiso de Gobernación vinculado a un permisionario autorizado, la aprobación previa del mecanismo con el que se captan las apuestas por internet, que exige el reglamento, y los servidores en territorio mexicano.

En julio de 2026, la Dirección General de Juegos y Sorteos suspendió 10 dominios de casinos en línea debido a investigaciones por posible lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En lo fiscal, desde el 1 de enero de 2026, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los juegos con apuestas y sorteos es del 50% del monto apostado, con alcance a plataformas extranjeras cuando el usuario se encuentra en México. Los casinos en línea como Caliente ya operan con los medios digitales que la ley busca generalizar, y como toda plataforma con permiso identifican a sus usuarios y reportan operaciones relevantes a la UIF y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El efecto probable sobre el sector es indirecto, porque HR Ratings anticipa un impacto positivo de la ley en la inclusión financiera, y una población con más cuentas y más hábito de pago con QR, tarjeta o transferencia podría ampliar la base de usuarios con medios de pago digitales para cualquier servicio en línea, incluido el juego, aunque no hay cifras que lo cuantifiquen.

Los plazos que siguen a la publicación

El primer dato a vigilar es si Hacienda incluye al juego entre los primeros sectores, en la lista que debe publicar dentro de los 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor. El segundo son las reglas administrativas que cada sector emita en un plazo de 15 días hábiles, que definirán los plazos de transición y las excepciones. El tercero es el borrador que reemplazaría a la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, que al 13 de octubre de 2026 pasaba al Gabinete de Seguridad antes de presentarse formalmente.

La ley aprobada el 20 de octubre de 2026 no menciona a los casinos, y su efecto dependerá de una lista que Hacienda debe publicar tras la entrada en vigor. Para las salas presenciales, donde el efectivo convive con umbrales antilavado y operaciones bajo la lupa de la UIF, la decisión sería a la vez operativa y regulatoria, mientras que las plataformas en línea ya operan con medios electrónicos y con las obligaciones de identificación y reporte que exige su permiso.

Si el juego llega a incluirse, su calendario se conocerá en la segunda tanda de reglas sectoriales, mientras la reforma de la ley de 1947 sigue su propio camino hacia el Congreso.