Avanza investigación por caso de comandante de AMIC asesinado en Ímuris

Mediante la recopilación de datos de prueba y testimonios el Ministerio Público logró que un juez emitiera órdenes de aprehensión contra los probables responsables del ataque bajo los cargos de homicidio calificado con premeditación alevosía y ventaja además de asociación delictuosa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) reporta progresos importantes en las indagatorias por el asesinato de Juan Manuel Quintana Valenzuela quien se desempeñaba como Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) tras una serie de despliegues operativos e inteligencia en el municipio de Ímuris

Mediante la recopilación de datos de prueba y testimonios el Ministerio Público logró que un juez emitiera órdenes de aprehensión contra los probables responsables del ataque bajo los cargos de homicidio calificado con premeditación alevosía y ventaja además de asociación delictuosa.

Durante las movilizaciones terrestres los agentes ministeriales detuvieron a un total de 11 personas en flagrancia por conductas delictivas diversas y cumplimentaron dos mandatos judiciales de captura vigentes en contra de los sujetos identificados como Jaime 'N' y Éder Faustino 'N'.

Entre los arrestados se encuentran individuos vinculados a actividades de narcomenudeo, posesión de sustancias prohibidas y delitos de atentado contra la seguridad de la comunidad comúnmente conocidos como halconeo.

El saldo total de la estrategia operativa incluye la realización de cuatro cateos en inmuebles y el aseguramiento de nueve vehículos de los cuales tres registran reporte de robo y uno se encuentra directamente relacionado con la agresión al mando policial.

Asimismo las autoridades incautaron aproximadamente 37 kilogramos de mariguana cartuchos útiles, cargadores, un arma corta, equipo táctico, diversos dispositivos de videovigilancia clandestina y máquinas tragamonedas.

La institución mantiene el trabajo coordinado con fuerzas de seguridad federales estatales y municipales para dar con el paradero de los presuntos homicidas bajo la premisa de que los ataques contra los cuerpos de seguridad del estado recibirán una respuesta firme conforme a derecho.