Vinculan a proceso a mujer por presunto fraude en Hermosillo
La Fiscalía de Sonora acusa a Angélica de fraude por 820 mil pesos a comerciante local.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) formuló imputación formal en contra de Angélica “N” por su probable responsabilidad en el delito de fraude, cometido en perjuicio de Luis René “N”, quien se desempeña como comerciante en diversas empresas.
De acuerdo con los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, la imputada se ostentaba falsamente como representante de un ayuntamiento y como dirigente sindical. Utilizó dicha condición para hacer creer a la víctima que existía un conflicto con los trabajadores de su empresa, bajo cuyo argumento le solicitó recursos económicos.
La carpeta de investigación detalla que Angélica “N” pidió a la víctima la cantidad de 820 mil pesos con el pretexto de destinarlos a otorgar préstamos a trabajadores sindicalizados de la empresa Ana Global, mediante un supuesto proyecto de caja de ahorro.
Asimismo, le prometió un rendimiento económico de 328 mil pesos por concepto de intereses, pactando que el pago de estos iniciaría en enero de 2026, mientras que la devolución del capital invertido se efectuaría a más tardar en abril del mismo año.
Para concretar la transacción, el 10 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una reunión en un domicilio situado en la colonia Prados del Centenario, en Hermosillo, específicamente en el despacho del abogado Luis “N”.
En ese lugar, la víctima entregó en efectivo la suma solicitada, formalizando la operación a través de un contrato donde la imputada se comprometió a cubrir los intereses generados mediante ministraciones mensuales.
No obstante, las autoridades señalaron que hasta la fecha no se ha realizado la devolución del capital ni el pago de los réditos convenidos, lo que generó un quebranto patrimonial a la víctima y un lucro indebido para la acusada.
El caso derivó en una orden de aprehensión que permitió celebrar la audiencia inicial este 25 de agosto de 2026. Durante el desarrollo de la diligencia, el Ministerio Público formuló la imputación correspondiente, en tanto que la defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional a 144 horas para resolver su situación jurídica.
Finalmente, el Juez de Control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras avanzan las indagatorias del proceso penal.
