A 11 años del derrame en Río Sonora, comunidades exigen justicia

En el undécimo aniversario del derrame tóxico en el río Sonora, las comunidades afectadas denuncian falta de reparación integral.

En entrevista con Marcelo Beyliss en el noticiero del 6 de agosto, Cinthia Arco Amarillo, representante legal de los Comités de Cuenca del Río Sonora y abogada de la organización civil PODER, expuso la grave situación que enfrentan las poblaciones afectadas desde el derrame tóxico ocurrido en 2014.

Recalcó que, aunque se firmaron compromisos con Profepa para remediar suelos, agua y brindar atención médica, estos siguen sin cumplirse.

Arco Amarillo detalló que el gobierno y Grupo México simularon acciones como la instalación de potabilizadoras, unidades de monitoreo y hospitales especializados, pero que no existe un plan oficial ejecutable con plazos, presupuesto asignado ni personal responsable. Recalcó que muchas propuestas simplemente consistieron en presentaciones ante medios sin un mapa real de implementación.

Salud afectada sin atención especializada

La abogada afirmó que en 2021 se muestrearon a mil 500 personas, de las cuales 705 resultaron con enfermedades graves asociadas a metales pesados: cáncer, daño renal, arsenicosis y otros padecimientos crónicos. Sin embargo, las autoridades no han activado un programa de atención médica especializada ni se ha restablecido la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental (UVEAS), que fue cerrada en 2019 y cuya clínica nunca llegó a operar.

Cinthia enfatizó que la población aún consume agua contaminada y no es atendida adecuadamente en hospitales locales que carecen de equipos médicos especializados en toxicología. Señaló que esto se vuelve especialmente crítico porque Sonora es un estado minero, pero su infraestructura sanitaria no refleja esa necesidad.

Peticiones urgentes de las comunidades

Durante la entrevista, la abogada recalcó los principales reclamos de los Comités de Cuenca:

  • Implementación de una unidad epidemiológica ambiental operativa con médicos especialistas y equipo para diagnóstico toxicológico
  • Reapertura de la clínica del fideicomiso (UVEAS) en Ures con operatividad real
  • Activación de las 36 plantas tratadoras de agua prometidas, de las cuales solo una opera actualmente
  • Un plan oficial vinculante y transparente con presupuesto, cronograma y responsables identificables

Cintia también puntualizó que el gobierno reconoció públicamente en 2023 que muchas acciones anteriores fueron una simulación y no cumplieron con los objetivos de justicia y reparación reales.