Proponen elevar a 10 años de prisión penas para menores por homicidio
El Congreso de Sonora analiza una iniciativa para elevar de cinco a diez años el castigo máximo de internamiento para adolescentes que cometan homicidio doloso. La reforma busca aplicar la prisión preventiva durante todo el juicio para evitar su liberación anticipada por tecnicismos legales.
El Congreso del Estado de Sonora analiza una iniciativa de reforma que busca endurecer significativamente las sanciones contra adolescentes que cometan homicidio doloso.
La propuesta plantea elevar el castigo máximo de 5 a 10 años de internamiento, además de garantizar la prisión preventiva durante todo el proceso judicial para evitar que los responsables recuperen su libertad por tecnicismos legales antes de recibir sentencia.
En entrevista para el noticiero Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss, la diputada Iris Sánchez Chiu, promotora de la iniciativa, explicó que el actual sistema de justicia penal para adolescentes ha quedado rebasado por la realidad social. La legisladora señaló que casos recientes de extrema violencia, donde menores han planeado y ejecutado asesinatos, exigen una justicia proporcional que actualmente no existe.
El caso Leyla y la falta de proporcionalidad
La diputada refirió que casos como el de Leyla, una menor que murió a manos de otras dos adolescentes en el municipio de General Plutarco Elías Calles, así como hechos similares en Naco y Michoacán, evidencian fallas en la ley vigente desde 2016.
Actualmente, las sanciones se dividen por grupos de edad: menores de 14 años no reciben internamiento; de 14 a 16 años el máximo es de 3 años; y de 16 a 18 años, el tope es de 5 años.
"No puede ser que no haya una consecuencia real cuando se priva de la vida a una persona. No buscamos que se les juzgue como adultos, pero sí que la consecuencia sea proporcional. Actualmente, la ley parece proteger más al agresor que a la víctima", enfatizó Sánchez Chiu durante la conversación.
Uno de los puntos críticos de la reforma es la corrección de los plazos procesales. De acuerdo con la legisladora, la normativa actual establece que, si un menor no recibe sentencia en un término de 5 meses, debe ser puesto en libertad inmediata para continuar su proceso fuera de los centros de internamiento.
Esta vulnerabilidad legal es aprovechada por la delincuencia organizada, que recluta menores sabiendo que sus abogados pueden alargar los tiempos para obtener su liberación pronta. Con la reforma, se busca que la medida cautelar de internamiento prevalezca durante todo el tiempo que dure el juicio cuando se trate de delitos graves como el homicidio doloso.
El camino hacia el Congreso de la Unión
Debido a que la justicia para adolescentes se rige por una Ley General, el Congreso de Sonora debe primero aprobar la propuesta de forma local para posteriormente enviarla como iniciativa formal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Sánchez Chiu subrayó que la reinserción social sigue siendo el objetivo, pero esta no puede lograrse si el sistema envía un mensaje de impunidad. La propuesta busca abrir una discusión nacional seria sobre la necesidad de actualizar marcos legales que tienen una década de antigüedad y que no contemplan el nivel de planeación y dolo observado en incidentes delictivos recientes protagonizados por menores de edad.













