Congreso analiza reformas para inclusión, salud mental y sanciones por acoso
Las iniciativas fueron turnadas a comisiones para su estudio y eventual dictamen.
Durante la sesión ordinaria, el Congreso del Estado de Sonora turnó a comisiones una serie de iniciativas centradas en derechos, educación, salud mental y justicia.
El diputado Jesús Manuel Scott Sánchez (MC) planteó fortalecer la Constitución local para garantizar la inclusión de personas con talla baja. La propuesta busca reconocerlas explícitamente, prohibir su discriminación y promover políticas públicas e infraestructura accesible: “El objetivo es asegurar igualdad de oportunidades para todas y todos”, señaló.
Acoso sexual en espacios públicos como delito grave
La diputada Deni Gastélum Barreras (Morena) presentó una reforma al Código Penal para considerar delito grave el acoso sexual en lugares públicos. La iniciativa establece penas de tres a ocho años de prisión por conductas como:
- Asedio verbal o físico
- Fotografías o videos sin consentimiento
- Tocamientos
- Exhibicionismo
- Persecución de una persona
Educación financiera y salud mental para personas con discapacidad
La diputada Elia Sahara Sallard Hernández (Morena) propuso incorporar la educación financiera como un eje transversal en todos los niveles educativos, desde primaria hasta universidad. El objetivo es que niñas, niños y jóvenes aprendan a ahorrar, planificar, invertir y tomar decisiones económicas informadas desde temprana edad.
En materia de salud mental, la diputada Jazmín Gómez Lizárraga (PT) impulsó una reforma para garantizar atención psicológica y psiquiátrica accesible a personas con discapacidad. La propuesta contempla:
- Ajustes razonables
- Tecnologías de apoyo
- Líneas telefónicas y plataformas digitales inclusivas
- Terapias y talleres presenciales, remotos o comunitarios
Castigos para venta ilegal de agua y apoyos para productores
La diputada Alejandra López Noriega presentó una iniciativa que clasifica como delitos graves la extracción, venta o distribución ilegal de agua. Las penas irían de uno a seis años de prisión, dependiendo de la práctica:
- Venta en pipas sin permiso
- Suministro sin desinfección
- Alteración del flujo destinado a usuarios
Finalmente, la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) propuso que la Ley de Egresos del Estado incluya cada año una partida obligatoria para productores de maíz, trigo y otros granos básicos. El fin es fortalecer la seguridad alimentaria, proteger el campo sonorense y preservar una actividad económica y cultural esencial.
